El Gobierno argentino solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska que reconsidere la orden que obliga a entregar los chats y correos electrónicos de los ministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, en el marco del juicio internacional por la expropiación de YPF. La medida, dictada la semana pasada, forma parte del proceso de "discovery" impulsado por los fondos Burford Capital y Eton Park, que buscan demostrar que YPF y el Estado argentino son una misma entidad y así facilitar el embargo de activos para cobrar la sentencia de más de USD 16.000 millones.

En su presentación, la defensa argentina argumentó que no tiene control sobre los dispositivos personales de los funcionarios, ya que la legislación nacional establece que son propiedad exclusiva de sus titulares. Además, subrayó que la Constitución argentina y la Corte Suprema consideran inviolable la propiedad privada, salvo sentencia individual. Por ello, el Gobierno pidió una audiencia preliminar para presentar una moción de reconsideración y evitar lo que considera un "discovery abusivo".

Paralelamente, el Ejecutivo apoyó la apertura de una investigación sobre la entrada del Grupo Eskenazi a YPF y posibles hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas. En un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el Gobierno manifestó su disposición a colaborar con cualquier indagación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre supuestas irregularidades en el traspaso de acciones de la petrolera.

El caso también involucra a la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), que busca intervenir en el litigio y pidió que se revoque la sentencia para investigar desde la nacionalización de YPF. Sin embargo, tanto Argentina como Burford Capital consideran que la participación de la ONG podría demorar el proceso principal. La jueza Preska ya había rechazado la intervención de RA4ARG en marzo, pero la organización apeló y tiene 21 días para responder.

El conflicto judicial se remonta a la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino no realizó una oferta pública a los demás accionistas, lo que originó la demanda internacional. Burford Capital adquirió el 70% de los derechos de litigio a empresas del Grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, y hoy busca ejecutar la sentencia sobre activos de la petrolera. El desenlace del caso podría tener un fuerte impacto en las finanzas públicas y en la relación entre el Estado y las empresas estratégicas.