Un informe de la consultora Zentrix reveló que los diez principales gremios de Argentina recaudan anualmente cerca de US$685 millones a través de aportes sindicales obligatorios, aplicados incluso a trabajadores no afiliados. Esta cifra, que supera el billón de pesos, proviene de descuentos fijados en convenios colectivos que datan de hace décadas y se aplican de manera generalizada a todos los empleados formales de los sectores involucrados.

El estudio detalla que, en promedio, cada trabajador aporta $327.000 al año, aunque existen grandes diferencias según el gremio: un empleado de SMATA paga $719.680, un chofer de Camioneros $509.340 y un trabajador de Comercio $345.480. Estos fondos representan el 0,11% del PBI argentino y son administrados por estructuras sindicales con escasa alternancia en sus conducciones. Por ejemplo, Armando Cavalieri lidera el gremio de Comercio desde 1986, mientras que Hugo Moyano lleva más de tres décadas al frente de Camioneros.

El sistema argentino se caracteriza por la existencia de un sindicato único por actividad, convenios de alcance general y aportes obligatorios, lo que lo diferencia de otros países. En Europa, los aportes suelen ser voluntarios; en Estados Unidos, los agency fees están prohibidos; y en Brasil, el impuesto sindical fue eliminado. Esta rigidez institucional ha generado críticas por la falta de transparencia y la ausencia de mecanismos efectivos de control y competencia interna.

Según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix, el 64% de la población tiene una imagen negativa de los sindicatos y solo el 15,2% expresa una percepción positiva. Además, el 67% de los encuestados apoya la transformación de los aportes obligatorios en voluntarios, y más del 82% no se opone a eliminar la obligatoriedad. Para la mayoría, el sistema funciona como un impuesto al trabajo sin control ni justificación clara, lo que ha impulsado reclamos por mayor transparencia y libertad de elección sindical.

El debate sobre el financiamiento sindical y la representatividad se da en el contexto de una posible reforma laboral en Argentina. Los analistas coinciden en que el modelo actual muestra signos de agotamiento y enfrenta una creciente demanda social de cambios estructurales que permitan mayor libertad, información y control sobre los recursos sindicales.