El Gobierno argentino presentó en los últimos días una serie de escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. En estos documentos, el Estado solicitó a la jueza Loretta Preska que reconsidere la orden de entregar chats, correos electrónicos y otras comunicaciones privadas de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, así como de otros funcionarios actuales y anteriores. La defensa argentina argumenta que no tiene control sobre los dispositivos personales de los funcionarios y que la medida excede los límites de la jurisdicción, violando tanto leyes nacionales como estadounidenses.

La causa, que enfrenta al Estado nacional con los fondos Burford Capital y Eton Park, ya tuvo un fallo adverso en primera instancia. La jueza Preska condenó a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la estatización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el país apeló y aguarda una definición del tribunal de segunda instancia, mientras distintas derivaciones del caso continúan generando tensión política y judicial.

En paralelo, la organización Republican Action for Argentina (RA4ARG) busca intervenir en el juicio y presentó una apelación para que se investigue el caso desde la nacionalización de la empresa. El Gobierno argentino pidió que la apelación de RA4ARG se tramite por separado, argumentando que aborda cuestiones legales diferentes. Burford Capital, principal beneficiario del fallo, se opone a la intervención de la ONG y a la revisión del caso.

Uno de los puntos más destacados de la presentación oficial fue el respaldo explícito del Gobierno nacional a la investigación de denuncias de corrupción vinculadas al ingreso del Grupo Eskenazi a YPF. El Estado argentino afirmó que toma con seriedad todas las denuncias y se mostró abierto a colaborar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si se confirma que los empresarios ocultaron pruebas o brindaron testimonio falso durante el proceso judicial, Argentina podría iniciar acciones para anular la sentencia de Preska.

La causa YPF es considerada una de las disputas judiciales más importantes de los últimos años para la economía argentina, con impacto potencial en las finanzas públicas. El ingreso del Grupo Eskenazi a la petrolera ha sido objeto de controversias y aparece mencionado en otras causas judiciales relevantes, como el expediente "Vialidad". Por lo pronto, RA4ARG tiene un plazo de 21 días para responder a los argumentos de las partes, mientras la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito resolverá en los próximos días si hace lugar a la solicitud de la ONG, lo que podría alterar el calendario del proceso.