El Tribunal Penal N°1 de Posadas, Misiones, dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka por delitos relacionados con la tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. Germán, exdiputado provincial, recibió una pena de 14 años de prisión, mientras que Sebastián fue condenado a 12 años, incluyendo un cargo adicional por abuso sexual simple contra una menor de 15 años.

La sentencia, dictada por mayoría, destacó agravantes como la condición de funcionario público de Germán y el aprovechamiento de una relación asimétrica de poder en el caso de Sebastián. Durante los allanamientos, se encontraron 319 archivos de material de abuso sexual infantil en dispositivos personales. La jueza Viviana Cukla votó en disidencia, proponiendo penas menores al considerar que los delitos configuraban un concurso ideal y no real.

La defensa de los acusados, encabezada por María Laura Alvarenga y Gonzalo de Paula, calificó las penas como desproporcionadas en comparación con otros delitos graves como el homicidio. Alvarenga argumentó que "no se trató de abusos cometidos directamente ni de producción de ese material" y anunció que apelarán la sentencia.

Por su parte, Germán Kiczka calificó el fallo como un "mamarracho" y alegó ser víctima de persecución política. "Desde un principio mantuve mi inocencia y lastimosamente no hay justicia en la provincia de Misiones", declaró tras la audiencia.

El caso también incluye acusaciones de falso testimonio contra el padre de los acusados y un diputado provincial, lo que podría derivar en nuevas investigaciones. Además, la mediatización del caso fue mencionada por la jueza Cukla como un factor relevante para reducir las penas.

Organizaciones de derechos de la infancia han destacado la importancia de las condenas como un mensaje contra la impunidad en casos de abuso infantil. Sin embargo, la opinión pública está dividida, con sectores que apoyan las condenas y otros que cuestionan la proporcionalidad de las penas. El Ministerio Público Fiscal ha solicitado investigar a otros posibles implicados, lo que podría ampliar el alcance del caso en el futuro.