La reciente adjudicación de un contrato por parte de la Cancillería argentina a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desató una fuerte polémica política. El acuerdo, por un monto de $114 millones, tiene como objetivo la capacitación en idioma inglés de 132 agentes diplomáticos y administrativos entre marzo y noviembre de 2026.

El procedimiento de contratación, vigente desde 2018 y actualizado por inflación, fue realizado bajo la modalidad de adjudicación simple por especialidad. Debido al vínculo familiar entre Rouillet y Sturzenegger, la operación requirió la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), quienes avalaron la legalidad del proceso tras la firma de un Pacto de Integridad. "No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario", afirmó el canciller Pablo Quirno a través de sus redes sociales, subrayando que la AACI ha sido proveedora del Estado en gestiones anteriores y que el procedimiento de integridad se activó conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, la senadora nacional Juliana Di Tullio (PJ) anunció que presentará una denuncia formal ante los tribunales federales, argumentando que la contratación es "irregular" y señalando un posible conflicto de intereses. Di Tullio ironizó sobre la supuesta exclusividad de la familia Sturzenegger en la enseñanza del inglés y prometió avanzar con acciones judiciales.

Desde el Gobierno, funcionarios explicaron que la contratación fue transparente y que la intervención de los organismos de control demuestra la voluntad de cumplir con la ley. Además, señalaron que el monto acordado es el mismo que en 2018, ajustado por inflación, y que la operación comenzó antes de que Sturzenegger asumiera como ministro.

El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre las contrataciones estatales y la transparencia en la gestión pública. Mientras la oposición insiste en la necesidad de investigar posibles irregularidades, el oficialismo defiende la legalidad y transparencia del proceso, anticipando un debate judicial y político en los próximos días.