Una investigación iniciada en 2022 por una denuncia de extorsión en la Ciudad de Buenos Aires permitió desarticular una organización criminal dedicada a la producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil en Argentina. El operativo, denominado “Friend’s”, fue liderado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, a cargo de la jueza María Alejandra Provitola, y contó con la intervención de la Policía Federal Argentina y diversas divisiones especializadas.

La causa se originó cuando una mujer denunció haber sido extorsionada por un hombre con quien mantenía una relación sentimental. El acusado exigía dinero bajo amenaza de difundir un video íntimo. Tras el allanamiento de su domicilio, se incautaron dispositivos electrónicos que, tras un análisis forense, revelaron la existencia de cerca de 500 archivos con contenido de abuso sexual infantil. La investigación determinó que el acusado formaba parte de un grupo de WhatsApp denominado “Friend’s”, donde se compartía y comercializaba material con escenas pornográficas de menores de 13 años.

A partir de estos hallazgos, la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia de la PFA identificó a 36 abonados telefónicos vinculados al grupo, de los cuales 20 fueron considerados de relevancia por su nivel de participación. El juzgado ordenó 20 allanamientos simultáneos en domicilios del Área Metropolitana de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero.

Como resultado, 14 personas fueron detenidas (13 hombres y una mujer), y se secuestraron más de 80 dispositivos electrónicos, dos millones de pesos en efectivo, documentación y un arma de fuego. En uno de los procedimientos, realizado en Santa Fe, fue rescatada una menor que se encontraba privada de su libertad y siendo víctima de abuso sexual. La niña fue puesta bajo resguardo y recibió asistencia física y psicológica.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia y enfrentan cargos por asociación ilícita, producción, financiación, ofrecimiento, distribución, divulgación y comercialización de material de abuso sexual infantil, agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años. El caso sigue bajo investigación para identificar posibles cómplices y otras víctimas, mientras las autoridades destacaron la coordinación federal y la gravedad de los hechos, calificando el accionar como un “perverso negocio” que perpetúa el abuso infantil.