Una organización narco internacional con bases en Pergamino y San Nicolás enfrenta un pedido de juicio oral tras una extensa investigación iniciada en mayo de 2022. El caso comenzó con el hallazgo de una avioneta Cessna sin matrícula, abandonada en un campo del paraje El Socorro, partido de Pergamino. En su interior se encontraron hojas de coca, sobres de bicarbonato y chips telefónicos de origen boliviano, lo que permitió inferir la existencia de una operación de narcotráfico con conexiones internacionales.

La investigación, liderada por el fiscal federal Matías Di Lello y la Gendarmería Nacional Argentina, contó con la colaboración del Poder Judicial bonaerense y autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia. Los investigadores lograron reconstruir una ruta aérea utilizada para ingresar droga desde Bolivia y Perú hacia Argentina, vinculando la operación con una red local de distribución que abarcaba varias provincias.

Según la acusación, los líderes de la organización serían Alan "Lawers" Ávila, comerciante de criptomonedas radicado en Córdoba; Fernando Chiorazo, residente en Pilar; y Lucas Morales. A ellos se les atribuye la planificación general, la compra de insumos y el cultivo de plantas de marihuana. Otros cinco imputados, entre ellos Jesse Jiménez Mendoza, Waldimer Hernández Ordóñez, Brian Antúnez, Rodrigo Tristán y Pablo Hurtado, se encargaban del suministro y la distribución de estupefacientes en el norte de la provincia de Buenos Aires y localidades cercanas.

El golpe decisivo contra la organización se produjo el 16 de marzo de 2023, cuando se realizaron múltiples allanamientos en Córdoba, distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esos operativos fueron detenidas nueve personas y se secuestró una gran cantidad de droga y bienes vinculados a la actividad ilícita, incluyendo 1.202 pastillas de éxtasis, casi 400 gramos de tusi, más de 500 plantines de marihuana, cocaína fraccionada, más de 13.292 dólares, más de 12 millones de pesos, seis armas de fuego y numerosos dispositivos electrónicos. También se hallaron balanzas de precisión, máquinas para contar dinero, elementos de corte y materiales compatibles con la instalación de laboratorios de drogas sintéticas, invernaderos de cannabis y sistemas de secado.

El fiscal Di Lello sostiene que la organización actuaba de forma concertada y planificada, con roles definidos y una estructura criminal capaz de producir y distribuir estupefacientes a gran escala. La causa será elevada a juicio oral, donde los acusados deberán responder por el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la participación de una organización integrada por más de tres personas. El caso pone en evidencia la problemática de los "narcovuelos" en el centro del país y la necesidad de reforzar la cooperación internacional y las acciones de seguridad en la región.