La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a José Ruffa Saraspe, exdocente de la Escuela N° 247 de Balsa Las Perlas, Río Negro, por abuso sexual simple agravado contra siete menores de edad. El fallo, que impone una pena de 13 años y 12 meses de prisión, fue notificado la semana pasada, pero al momento de ejecutar la detención, el acusado no fue encontrado, lo que desencadenó una intensa búsqueda nacional.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2017 y 2019 y salieron a la luz tras la denuncia de la familia de una alumna en 2019. A partir de esa denuncia, otros seis estudiantes relataron situaciones similares en Cámara Gesell, permitiendo acreditar 12 episodios de abuso sexual. El tribunal, integrado por los jueces Marcelo Gómez, Guillermo Baquero Lazcano y Laura González Vitale, lo declaró responsable de los delitos, agravados por su rol como docente.

Durante el proceso judicial, la fiscalía solicitó en reiteradas ocasiones la prisión preventiva de Ruffa Saraspe, argumentando riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, el tribunal denegó la solicitud y permitió que el acusado se radicara en Alberti, Tucumán, bajo la condición de presentarse semanalmente ante la justicia. No obstante, no se le impuso monitoreo electrónico ni restricción de traslado.

En los días previos a la confirmación de la condena, Ruffa Saraspe incumplió con las presentaciones judiciales, lo que levantó sospechas sobre su paradero. Tras la notificación del fallo, las autoridades intentaron localizarlo, pero no lograron dar con él. Por este motivo, fue declarado en rebeldía y se emitió una orden de captura nacional. La principal hipótesis es que se encuentra en alguna localidad del interior de Tucumán.

El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa y entre familiares de las víctimas, quienes reclaman mayor rigor en la protección de menores y en la aplicación de medidas cautelares. Además, pone en evidencia las debilidades del sistema judicial en el control de imputados por delitos graves, especialmente en casos de abuso sexual infantil en ámbitos escolares. Las autoridades continúan la búsqueda, mientras el debate sobre la efectividad de las medidas judiciales y la responsabilidad institucional permanece abierto.