Una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), identificada como Lucía Fernanda Díaz Da Motta, fue detenida en Ezeiza tras ser acusada de drogar y robar a hombres a quienes contactaba mediante aplicaciones de citas. El caso que motivó la investigación ocurrió el 26 de abril en Quilmes, cuando la víctima, Cayetano S., de 64 años, fue seducido, drogado y despojado de objetos de valor en su propio domicilio.

Según fuentes policiales y judiciales, la sospechosa, de 31 años, se encontraba de licencia psiquiátrica al momento de los hechos. Tras concretar una cita y cenar juntos, ambos se dirigieron al departamento de la víctima. Allí, la mujer habría manipulado una bebida, provocando que el hombre perdiera el conocimiento. Horas después, la víctima despertó con síntomas de intoxicación y debió ser hospitalizada. Antes de recibir atención médica, constató el robo de relojes, celulares, perfumes y otros objetos personales.

Las cámaras de seguridad del edificio resultaron fundamentales para la investigación, ya que registraron tanto el ingreso de la pareja como la salida de la acusada, sola y cargando varias pertenencias. Un detalle clave fue la identificación de las botas que la mujer llevaba puestas al entrar y salir del lugar.

La investigación, a cargo de la Fiscalía N°2 de Quilmes y la Policía bonaerense, permitió localizar a la sospechosa en una vivienda de Ezeiza, donde fue detenida durante un allanamiento. En el operativo se incautaron teléfonos celulares, relojes de alta gama, perfumes, valijas y prendas vinculadas al hecho. "La evidencia recolectada será sometida a peritajes para determinar la magnitud de los delitos cometidos", señalaron fuentes judiciales.

La agente quedó a disposición de la Justicia, que ahora investiga si actuaba sola o como parte de una organización dedicada a robos bajo la modalidad "viuda negra". Además, se analiza si existen más víctimas relacionadas con la misma operativa. El caso ha generado preocupación por la participación de una integrante de las fuerzas de seguridad en delitos graves y reabre el debate sobre los controles internos en dichas instituciones.