El Gobierno nacional amplió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para incluir proyectos de generación de energía eléctrica, según la resolución 938/2025 publicada en el Boletín Oficial. Esta decisión permitirá que empresas del sector energético accedan a beneficios fiscales y aduaneros, como la importación de insumos con arancel cero, con el objetivo de fortalecer la competitividad industrial y responder a la emergencia energética que atraviesa el país.

La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, redefine el alcance del régimen, permitiendo que tanto bienes principales como complementarios y accesorios destinados a la generación eléctrica sean elegibles para el beneficio. Además, se exige a las empresas beneficiarias la adquisición de bienes de origen local por al menos el 10% del valor de los bienes importados, en un esfuerzo por fomentar la industria nacional.

"Resulta oportuno y conveniente incluir en el régimen los proyectos para la generación de energía eléctrica", señala el texto oficial. La resolución también simplifica los requisitos y plazos para la presentación y rendición de cuentas de los proyectos, facilitando la incorporación de tecnología y la modernización del sector energético.

El sistema energético argentino se encuentra en emergencia hasta mediados de 2026, tras una serie de cortes de luz que afectaron a más de 100.000 usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano durante una reciente ola polar. En ese contexto, la inversión en generación eléctrica, ya sea térmica, renovable o nuclear, es considerada clave para evitar futuros cortes masivos.

A un año de su puesta en marcha, el RIGI ha recibido solicitudes de adhesión para 14 proyectos, con inversiones que totalizan US$16.514 millones, según confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Hasta el momento, cinco proyectos han sido aprobados bajo este régimen.

La resolución establece sanciones estrictas ante incumplimientos, como la ejecución total de garantías si no se adquieren bienes nacionales o se detecta uso indebido del régimen. El Gobierno sostiene que estas modificaciones buscan incentivar la inversión productiva, crear empleo y mejorar la seguridad energética del país, en línea con las necesidades actuales del sector y la experiencia internacional.