La provincia de Santa Fe realizó este jueves la cuarta subasta de bienes decomisados al delito, logrando una recaudación récord de $1.238.960.000. El evento, organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), se llevó a cabo en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y contó con la participación de 3.910 inscriptos provenientes de todo el país.

Durante la jornada, se pusieron a la venta 157 lotes que incluían vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y electrodomésticos. El lote más caro fue un inmueble ubicado en Funes, vendido por $90 millones, mientras que el más económico correspondió a un celular, adjudicado por $110.000. Entre los vehículos, el más destacado fue un Toyota SW4 modelo 2023, que alcanzó los $60 millones.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y otros funcionarios provinciales. Pullaro subrayó la importancia de la medida: “Quitarles los bienes a las organizaciones criminales significa darles un golpe en la estructura del poder económico”. Scaglia, por su parte, remarcó que Santa Fe es la única provincia que realiza este tipo de subastas, y propuso extender la iniciativa a nivel nacional.

La política de subastas de bienes incautados busca convertir activos ilegales en recursos útiles para la sociedad. Los fondos obtenidos se destinan a la reparación de víctimas de delitos, el fortalecimiento de políticas sociales y el financiamiento de la operatividad de la Aprad. Desde la implementación de esta política, la provincia ha recaudado más de $3.500 millones en cuatro subastas, consolidando a Santa Fe como pionera en la lucha contra el delito y el narcotráfico mediante la extinción de dominio.

La subasta contó con una amplia participación federal, reflejando el interés de distintos sectores y la transparencia del proceso. Las autoridades destacaron que los bienes pueden ser entregados a organismos estatales, como la Policía o instituciones educativas, o bien ser rematados o compactados según su naturaleza. El evento fue considerado un ejemplo de cómo el Estado puede transformar el producto del delito en beneficio social, marcando un precedente en la Argentina.

La continuidad de estas subastas y la posible extensión de la ley de extinción de dominio a nivel nacional podrían fortalecer aún más la lucha contra el crimen organizado y la recuperación de activos para el desarrollo social.