El Gobierno nacional ratificó que mantendrá su plan de concesionar el 20% de las rutas nacionales más transitadas y tercerizar el mantenimiento del 80% restante, pese a los crecientes reclamos de provincias, empresarios y sectores productivos por el deterioro de la infraestructura vial. La decisión fue confirmada tras una reunión entre el presidente Javier Milei y la Mesa de Enlace, donde se abordó la preocupación por el impacto de las malas rutas en los costos logísticos y la competitividad del sector agropecuario.

Desde la gobernación de Santa Fe, encabezada por Maximiliano Pullaro, se difundieron advertencias a los conductores para que, de ser posible, utilicen rutas provinciales en mejores condiciones. El reclamo por el estado de las rutas es compartido por todos los gobernadores, quienes recientemente impulsaron en el Senado la eliminación de fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles líquidos, argumentando que la Nación no ejecuta esos recursos en obras viales.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la concesión de rutas bajo el sistema BOT (construir, operar y transferir) permitirá que el sector privado se haga cargo del mantenimiento y operación de los tramos más rentables, cobrando peajes y transfiriendo la gestión al Estado tras un período determinado. "La gestión de las rutas las pueden hacer el sector privado sin ningún problema", afirmó Milei, quien también justificó la disolución de Vialidad Nacional y su traspaso al Ministerio de Economía como parte de una estrategia para combatir la corrupción en la obra pública.

Sin embargo, persisten las dudas sobre el futuro del 80% de las rutas nacionales consideradas no rentables. Empresarios del sector advierten que la falta de mantenimiento provocará un deterioro exponencial y mayores costos a largo plazo. Según datos oficiales, 177 de los 237 programas de la ex Vialidad Nacional no ejecutaron gasto en 2025, y el nivel de actividad en el sector cayó de 100 a 5 respecto a años anteriores.

El Gobierno insiste en que la prioridad es alcanzar el déficit cero y reducir la inflación, aunque reconoce que el estado de las rutas es un problema de larga data. "Malas rutas hubo siempre", señaló un funcionario, minimizando el impacto electoral de la medida. La discusión sobre la infraestructura vial se enmarca en un contexto de desconfianza hacia la obra pública tradicional, reforzada por la condena a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad. El futuro de las rutas nacionales dependerá de la capacidad del nuevo esquema de concesiones para garantizar el mantenimiento y la seguridad en todo el país.