Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal involucra al expresidente Alberto Fernández y al exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, por presunto direccionamiento de contratos de obra pública a favor de la empresaria Lorena González del Valle, conocida por su paso por el reality Gran Hermano. La presentación judicial, impulsada por los abogados Roberto Herrero y Mariano Di Giuseppe, se fundamenta en las declaraciones públicas de González del Valle, quien reconoció haber mantenido una relación personal con Fernández y relató cómo, durante la pandemia, solicitó ayuda al entonces mandatario para reactivar proyectos de su empresa constructora, Niro Construye S.A.

Según la denuncia, tras el contacto con Fernández, González del Valle fue derivada al ministro Ferraresi, quien le sugirió presentarse a licitaciones del programa Procrear. La empresa participó en nueve procesos y resultó adjudicataria de al menos cuatro grandes desarrollos habitacionales en municipios bonaerenses como Esteban Echeverría, Avellaneda (Wilde y Piñeyro), Luján y Martín Coronado. Entre los proyectos destacados se encuentran la construcción de 240 viviendas en Esteban Echeverría y 512 en Wilde, obras inauguradas por el propio Fernández.

Los denunciantes sostienen que la secuencia de hechos constituye un indicio razonable de posible direccionamiento fraudulento, violando los principios de transparencia e igualdad en la contratación estatal. Solicitan que se investigue si existieron influencias externas para favorecer a la empresa y si los criterios de evaluación fueron objetivos. De comprobarse, podría configurarse el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias.

Por su parte, González del Valle defendió la trayectoria de su empresa y denunció que el Estado le adeuda pagos significativos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N° 3, a cargo del Dr. Daniel Rafecas, y se suma a otros cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de obras públicas en Argentina. El proceso judicial determinará si existieron irregularidades y sus eventuales consecuencias institucionales.