El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos inició una investigación penal de oficio para esclarecer presuntos delitos de índole sexual y abuso de poder en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). La medida se adoptó tras la viralización de declaraciones del psicólogo rosarino Javier Pérez, conocido como Doctor Chinaski, y la aparición de numerosos testimonios de estudiantes y egresadas que denunciaron situaciones de violencia de género y conductas inapropiadas dentro del ámbito universitario.

El caso tomó estado público luego de que Pérez, exdocente de la carrera de Psicología en Uader hasta 2019, realizara polémicas afirmaciones en una entrevista transmitida por streaming. En sus declaraciones, Pérez relativizó los límites éticos en la relación profesional-paciente, lo que generó un fuerte repudio en redes sociales y motivó la apertura de la investigación judicial. "Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar", expresó el profesional, y ante la consulta sobre si le había sucedido, respondió afirmativamente.

La difusión de estos dichos derivó en una ola de testimonios de exalumnas y alumnas que denunciaron presuntos abusos y conductas inapropiadas, tanto de Pérez como de otros docentes de la carrera. Diversas agrupaciones estudiantiles manifestaron su apoyo a las denunciantes y exigieron medidas concretas para garantizar la seguridad y el respeto en el ámbito académico. "No podemos permitir que este tipo de cosas sigan pasando y tengamos que cuidarnos entre nosotras mientras los delincuentes siguen impunes. Nosotras decimos basta", expresó la Corriente Estudiantil Popular y Antiimperialista de Artes Visuales.

En respuesta, la Facultad de Humanidades emitió un comunicado recordando la vigencia, desde 2016, del Protocolo de Actuación frente a las Violencias y las Conductas Discriminatorias, y anunció el inicio de una información sumaria interna para reunir antecedentes y determinar posibles responsabilidades. Por su parte, la Unidad Fiscal de Género habilitó canales confidenciales para que cualquier persona pueda brindar información o radicar denuncias.

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Rosario también se pronunció, manifestando el máximo rechazo a las opiniones vertidas por Pérez y reafirmando el compromiso con el Código de Ética profesional. Mientras tanto, el entorno del psicólogo aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia para aclarar cualquier situación.

El caso pone en debate la ética profesional y la prevención de la violencia de género en el ámbito universitario, y se espera que las investigaciones judiciales e institucionales permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.