La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves una ley que establece la gratuidad del transporte subterráneo para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que residan en la ciudad. La iniciativa, impulsada por bloques opositores y acompañada por la mayoría del arco político, fue sancionada con 44 votos a favor y seis abstenciones, todas de La Libertad Avanza.

La nueva normativa beneficiará a personas mayores de 60 años cuyos ingresos no superen dos y medio haberes mínimos jubilatorios, según lo fijado por la ANSES. El pase gratuito será personal e intransferible, tendrá una validez de cinco años y podrá renovarse indefinidamente mientras se cumplan los requisitos. El trámite para obtener la tarjeta magnética podrá realizarse en estaciones cabeceras, sedes comunales y de forma digital, facilitando el acceso a quienes tengan dificultades para gestionar turnos.

El beneficio regirá todos los días y en todos los horarios en los que funcione el servicio de subte. Si el pase no se utiliza durante dos años consecutivos, será dado de baja automáticamente. Además, la autoridad de aplicación podrá suspender el beneficio en caso de uso indebido, debiendo el beneficiario realizar nuevamente el trámite para recuperarlo. En caso de extravío, la tarjeta podrá ser renovada sin costo.

El costo fiscal de la medida fue estimado en menos del 1% del superávit anual del Gobierno porteño, según legisladores que defendieron la iniciativa como una respuesta necesaria ante la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo de los adultos mayores. El costo actual de un viaje en subte ronda los $996, mientras que la jubilación mínima neta se sitúa en $370.158, lo que representa una carga significativa para este sector.

La aprobación de la ley se da en un contexto de tensión política en la Legislatura, con la oposición presionando al Ejecutivo para implementar y reglamentar otras leyes sociales ya votadas, como el Boleto Educativo. La medida fue celebrada por los bloques impulsores como un avance en la inclusión social y la movilidad de los adultos mayores, aunque algunos sectores consideraron que representa apenas un alivio mínimo frente a la difícil coyuntura económica.