Un operativo de Gendarmería Nacional realizado el pasado domingo en las cercanías de Elortondo, provincia de Santa Fe, permitió el secuestro de casi 4,5 kilos de cocaína, en lo que las autoridades calificaron como el mayor decomiso desde la creación del fuero federal en Venado Tuerto. La droga, valuada en más de 150 millones de pesos, fue hallada en un vehículo interceptado sobre la Ruta Provincial 90, donde viajaban Manuel E. y Carina A., quienes trasladaban cuatro "ladrillos" de cocaína ocultos en el automóvil de Adrián C.

El procedimiento derivó en una serie de nueve allanamientos simultáneos en domicilios particulares y unidades penitenciarias, incluyendo la Alcaidía de Melincué y la Cárcel de Coronda. La investigación, coordinada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto y encabezada por los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, permitió imputar a once personas vinculadas a una organización narcocriminal con operaciones en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat. Siete de los acusados recibieron prisión preventiva, mientras que Ayelén C. quedó bajo arresto domiciliario. Los otros cuatro imputados, entre ellos Sofía E. y Leonel A., ya se encontraban detenidos por causas previas en la justicia provincial.

Según la Fiscalía, la banda tenía roles definidos de provisión, transporte y distribución de estupefacientes, y parte de la logística se coordinaba desde el interior de unidades penitenciarias, un modus operandi que ya había sido detectado en investigaciones anteriores. El Centro de Monitoreo de Cañada de Gómez colaboró activamente con material fílmico que resultó clave para identificar recorridos y movimientos de los vehículos involucrados.

La pesquisa se inició en abril de este año, a partir de denuncias anónimas en el "Buzón de la Vida" y se cruzó con otras causas que permitieron desarticular clanes familiares dedicados al narcomenudeo. Las autoridades destacaron la magnitud del golpe al narcotráfico regional y la coordinación entre organismos judiciales y municipales. La causa, que se tramita bajo el Código Procesal Penal Federal, permanece abierta y no se descartan nuevas medidas ni la implicación de más personas en la estructura criminal. El caso marca un precedente en la lucha contra el narcotráfico en el sur de Santa Fe y podría tener derivaciones en otras localidades de la región.