El gobierno argentino concluyó el 8 de julio de 2025 el período de facultades delegadas otorgadas por el Congreso a través de la Ley Bases, tras un año de vigencia. Durante este lapso, el Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, implementó una serie de reformas orientadas a la reducción del gasto público y la transformación del Estado.

Entre las principales medidas se destacan la disolución, fusión o reorganización de más de 100 organismos estatales, la eliminación de al menos 20 fondos fiduciarios y el avance en la privatización de empresas públicas. Según fuentes oficiales, estas acciones permitieron un ahorro estimado de 2.000 millones de dólares anuales. El proceso incluyó la reforma de leyes y la modificación de funciones en áreas como seguridad, energía y administración pública.

El uso de las facultades delegadas fue defendido por el oficialismo como un instrumento constitucional, limitado en alcance y tiempo, que permitió acelerar reformas estructurales. "El presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas", afirmó Sturzenegger. El ministro también subrayó que, a diferencia de gestiones anteriores, no se buscará prorrogar estas atribuciones.

Sin embargo, sectores críticos, como el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la oposición, denunciaron que el proceso implicó una concentración de poder, el desmantelamiento de funciones estatales esenciales y un retroceso en derechos laborales y sociales. El informe del CEPA señala que la eliminación de fondos y organismos afectó áreas como vivienda, ciencia, educación y derechos humanos, y que la reforma laboral y tributaria favoreció al sector privado en detrimento de los trabajadores.

El ajuste también incluyó el despido de unos 50.000 empleados públicos, lo que representa cerca del 10% de la planta estatal. El gobierno sostiene que la reducción del Estado responde a la demanda social de menor presión fiscal y mayor eficiencia, mientras que los críticos advierten sobre el impacto social y la pérdida de capacidades estatales.

Con el fin de las facultades delegadas, el Ejecutivo anticipa una nueva etapa de reformas, esta vez en diálogo con el Congreso y mediante otras herramientas legales. El oficialismo buscará avanzar en iniciativas pendientes, como la privatización de empresas que quedaron fuera de la Ley Bases, y continuar con la agenda de desregulación y ajuste estatal.