Yonatan Ariel Da Silva, condenado por el asesinato de su madrastra en 2020, fue recapturado en Paraguay tras haberse fugado de la Unidad Penal VII de Puerto Rico, Misiones, el pasado 17 de noviembre. La fuga se produjo durante un corte de energía eléctrica provocado por una tormenta, lo que permitió a Da Silva saltar el muro perimetral y evadir la vigilancia penitenciaria. La ausencia del recluso fue detectada durante una ronda de control, lo que activó un protocolo de búsqueda y la suspensión de nueve penitenciarios bajo sospecha de complicidad o negligencia.

La investigación, liderada por la Policía de Misiones, incluyó tareas encubiertas y el intercambio de información con autoridades paraguayas. "La fuerza provincial, mediante tareas encubiertas e investigación de inteligencia, logró avanzar en el seguimiento del prófugo, obteniendo datos que indicaban que había cruzado hacia territorio paraguayo", informaron fuentes policiales. Con la alerta internacional emitida y la cooperación de la Policía Militar paraguaya, Da Silva fue localizado y detenido en Yatytay Bonanza, Paraguay, tras una semana prófugo.

El proceso de extradición fue inmediato: Paraguay dispuso la expulsión de Da Silva por ingreso irregular y lo entregó a Gendarmería Nacional Argentina en el Paso Internacional Posadas–Encarnación. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad Penal III de Eldorado, donde permanecerá a disposición de la justicia mientras se resuelve su situación procesal.

El crimen por el que Da Silva fue condenado ocurrió el 6 de agosto de 2020 en Puerto Iguazú, cuando, tras una discusión, disparó y mató a su madrastra, Patricia Fixa Mereles. El caso fue inicialmente caratulado como femicidio y Da Silva recibió prisión perpetua en 2022, pero el Superior Tribunal de Justicia de Misiones ordenó revisar la condena, considerando que no se trató de un femicidio sino de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Actualmente, la condena no está firme y la causa sigue en revisión judicial.

La recaptura de Da Silva puso en evidencia la importancia de la cooperación internacional en la región fronteriza y reavivó el debate sobre la seguridad en las cárceles de Misiones. El caso continúa generando repercusiones en la sociedad y en el sistema judicial, a la espera de una resolución definitiva.