La Fiscalía Federal de Rosario imputó a Alida Andrea Ortigala y a su hija por encubrimiento agravado, acusándolas de haber facilitado la evasión de Maximiliano Ortigoza, un narcotraficante prófugo desde 2022. Según la investigación, ambas mujeres subalquilaron al menos cinco inmuebles en Rosario y localidades cercanas, permitiendo que Ortigoza eludiera a las autoridades mientras continuaba con sus actividades ilícitas.

Ortigoza, conocido por operar una "cocina" de cocaína en un departamento del exclusivo complejo Metra en Puerto Norte, fue detenido en octubre de 2024 y condenado en marzo de 2025 a 4 años y 6 meses de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La fiscalía sostiene que Alida Ortigala, media hermana de Mariana Ortigala, quien también enfrenta causas judiciales, conocía la condición de prófugo de Ortigoza y se benefició económicamente al proporcionarle lugares donde vivir sin registrar su identidad.

Durante las audiencias, los fiscales Franco Benetti y Santiago Cruz Alberdi presentaron pruebas que incluyen conversaciones telefónicas y contratos de alquiler que evidencian el conocimiento de las imputadas sobre la situación de Ortigoza. En una de las comunicaciones, Alida Ortigala sugirió estrategias para ocultar la identidad del narcotraficante, como utilizar documentos de personas sin antecedentes.

El caso también involucra a la hija de Alida, quien firmó contratos de alquiler para encubrir la verdadera identidad del inquilino. Según la fiscalía, esta colaboración permitió a Ortigoza mantenerse prófugo durante más de un año y medio, tiempo en el cual continuó con sus actividades delictivas.

La investigación resalta la gravedad de la logística que permitió a Ortigoza operar en una de las zonas más exclusivas de Rosario. "Este caso es importante porque muestra cómo ciertos actores brindan cobertura a la narcocriminalidad", señaló el fiscal Benetti. Las imputadas enfrentan restricciones de conducta por 90 días mientras avanza el proceso judicial.

Este caso pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles sobre el mercado inmobiliario para evitar su uso en actividades ilícitas, especialmente en una ciudad como Rosario, que enfrenta un grave problema de narcotráfico. Las autoridades continúan investigando posibles conexiones adicionales en esta red de apoyo.