La Justicia nacional investiga a Marcelo Porcel, empresario y exconcesionario de Oh! Buenos Aires, por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores en el ámbito del Colegio Palermo Chico, en la ciudad de Buenos Aires. La causa, iniciada tras la denuncia de seis compañeros del hijo del imputado y que ya suma diez denunciantes, detalla hechos ocurridos en domicilios y oficinas vinculadas a Porcel, donde se habrían ofrecido alcohol y dinero a adolescentes a cambio de conductas inapropiadas.

El expediente, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 y con intervención de la Fiscalía N°1, se encuentra en plena etapa de investigación. El juez a cargo dispuso medidas cautelares que prohíben a Porcel cualquier contacto con las presuntas víctimas y sus familias, así como su acercamiento al colegio y al club GEBA, donde varios denunciantes practican deportes.

Los testimonios de los menores, recogidos en Cámara Gesell y respaldados por peritajes psicológicos, describen una metodología basada en la manipulación, incentivos económicos y provisión de alcohol. Parte de la evidencia incluye chats grupales y fotografías halladas en dispositivos electrónicos secuestrados durante allanamientos. "En la causa se hicieron las pericias que ordenó el juez y todas concluyeron que no hubo abuso", declaró Porcel a LA NACION, aunque la investigación continúa y la fiscalía insiste en la gravedad del caso.

El Colegio Palermo Chico, por su parte, informó que activó los protocolos correspondientes y notificó a las autoridades educativas y de derechos de la infancia. La familia Porcel ya no forma parte de la comunidad escolar. Mientras tanto, la Defensora de Menores y la fiscalía han solicitado reiteradamente la indagatoria del imputado y la prohibición de salida del país, argumentando la pluralidad de víctimas y la gravedad institucional.

El caso ha puesto en evidencia la dificultad de los menores para denunciar y la tendencia al silencio en la comunidad educativa. Padres y víctimas reclaman respuestas y protección, mientras la causa sigue sumando testimonios y pruebas. El desenlace judicial aún está pendiente, en un contexto de creciente preocupación social por la protección de los derechos de niños y adolescentes.