Antonio Miranda, un albañil de 57 años oriundo de Formosa y residente en Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz, vivió una experiencia que capturó la atención nacional. El 7 de julio de 2022, tras realizar trámites en el centro de Río Gallegos, decidió probar suerte en el casino local. Con $6.000 en el bolsillo, se sentó en su máquina tragamonedas habitual y, tras diez jugadas, la pantalla anunció un premio de $100 millones, equivalente a unos 750.000 dólares de la época.

La alegría inicial se desvaneció rápidamente cuando la jefa de sala del casino le informó que la máquina presentaba un desperfecto técnico y que el premio no sería abonado. A pesar de las felicitaciones de los presentes y la promesa inicial de un empleado de que recibiría el pago, Miranda solo recibió $6.500, el saldo que figuraba en la máquina. Un apostador le aconsejó tomar una foto del premio como prueba, anticipando que la máquina sería reiniciada y la evidencia borrada.

Durante más de un año, Miranda intentó sin éxito que el casino reconociera el premio. En septiembre de 2023, con el patrocinio del abogado Gustavo Insaurralde, inició acciones legales. El casino ofreció una compensación inicial de $200.000, menos del 1% del premio, que Miranda rechazó. El proceso judicial se complicó por la situación personal del albañil: sufrió un accidente, perdió su empleo y debió regresar a Piedra Buena para cuidar a su madre enferma.

A pesar de contar con pruebas sólidas, como fotos, testigos y la constatación de que se borraron grabaciones de seguridad, el abogado advirtió que el juicio podría demorar hasta ocho años. Un día antes de la audiencia clave, el casino ofreció una suma mayor, aunque muy inferior al premio original, y Miranda aceptó bajo estrictas condiciones de confidencialidad: no puede revelar el monto ni hablar con la prensa sobre el acuerdo, que se pagó en cuotas y se homologó en julio de 2024.

El casino, en su descargo, sostuvo que Miranda pretendía hacerse acreedor de una suma "exorbitante de manera ilegítima y no correspondida". La comunidad local y los medios apoyaron al albañil, quien solo pudo comprar un terreno con lo recibido y sigue trabajando en la construcción. La historia, aunque cerrada en los papeles, dejó un sabor amargo y abrió el debate sobre la transparencia y responsabilidad de los casinos en Argentina.