La provincia de Santa Fe se encuentra en la antesala de un proceso histórico: la reforma de su Constitución provincial. El próximo 14 de julio, los 69 convencionales electos prestarán juramento en la Cámara de Diputados y darán inicio formal a la Convención Constituyente, que tendrá la misión de actualizar la Carta Magna vigente desde 1962.

En las semanas previas, los principales bloques políticos, encabezados por Unidos para Cambiar Santa Fe y Más para Santa Fe (alianza entre el PJ y la centroizquierda), han intensificado las negociaciones para definir el reglamento interno, la estructura de autoridades y la conformación de las comisiones de trabajo. El oficialismo presentó un borrador de 87 artículos que regula el funcionamiento de la Convención, el cual fue remitido a la oposición para recibir aportes y buscar consensos antes de la sesión inaugural.

Uno de los puntos más debatidos es el método de aprobación del reglamento, con sectores que proponen mayoría simple y otros que exigen dos tercios. Además, se discute el doble voto del presidente de la Convención en caso de empate, cargo que todo indica recaerá en el senador radical Felipe Michlig, referente de Unidos y figura de consenso dentro del bloque mayoritario.

La estructura de comisiones también es objeto de negociación. Se prevé la creación de al menos cinco comisiones, entre ellas la Redactora, la de Derechos y Garantías, y la de Organización del Poder. La oposición ha propuesto sumar una comisión específica para debatir la autonomía municipal y la cuestión impositiva, temas de especial interés para ciudades como Rosario.

La autonomía municipal emerge como uno de los ejes centrales del debate, especialmente para Rosario y su área metropolitana. Dirigentes como Joaquín Blanco y Pablo Corsalini coinciden en la necesidad de dotar a la región de herramientas institucionales para una gobernanza compartida, que permita abordar desafíos en seguridad, transporte, salud y ambiente. "La autonomía solo tiene sentido si incluye una mirada regional y una redistribución justa de recursos", afirmó Corsalini.

En paralelo, la modernización digital y los derechos ciudadanos en la era tecnológica ganan espacio en la agenda constituyente. La convencional Gisel Mahmud destacó la oportunidad de "escribir la Constitución más moderna de la Argentina", incorporando derechos digitales, protección de datos y participación ciudadana online.

El proceso de reforma se presenta como una oportunidad para saldar deudas históricas y proyectar a Santa Fe hacia el futuro, aunque el éxito dependerá de la capacidad de los convencionales para alcanzar consensos amplios y garantizar la participación de la sociedad civil. El plazo para la presentación de proyectos de reforma será de tres días tras la aprobación del reglamento, y se espera que las deliberaciones concluyan en septiembre.