El Tribunal Oral N°22 de Buenos Aires dará inicio el próximo 6 de noviembre al juicio por la violación grupal ocurrida el 14 de abril de 2024 en un departamento ubicado en la calle Larrea al 300, en el barrio de Once. El hecho, esclarecido por la fiscal Mónica Cuñarro, involucra a cinco sospechosos, entre ellos cuatro hermanos de origen peruano, quienes están acusados de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de varias personas, el uso de estupefacientes y el grave daño a la salud mental de la víctima.

Según la investigación, la víctima, una joven de 22 años oriunda del sur del Conurbano, fue invitada por tres de los acusados al departamento, donde se consumieron bebidas alcohólicas y cocaína. Durante la madrugada, otros dos hombres se sumaron al grupo. La joven logró escapar en la mañana siguiente tras alertar a un amigo mediante una story de WhatsApp, lo que permitió la intervención de la Policía de la Ciudad y la detención de los primeros sospechosos. La víctima fue atendida en el hospital Ramos Mejía, donde se constataron lesiones compatibles con abuso sexual y se hallaron rastros genéticos de dos de los acusados.

El proceso judicial cuenta con una pericia psicológica clave, ordenada por la fiscal Cuñarro al Cuerpo Médico Forense, que determinó que la víctima padece un cuadro de estrés postraumático directamente vinculado al hecho, sin antecedentes previos de daño psíquico. El informe destaca el profundo malestar anímico y las dificultades para dormir, así como recuerdos intrusivos persistentes. Además, se descartó cualquier tipo de fabulación por parte de la víctima.

Uno de los acusados, Fermín Acosta Chapoñan, fue extraditado desde Perú tras un pedido formal realizado por la justicia argentina. El expediente detalla que la víctima fue obligada a enviar mensajes a sus contactos asegurando que se encontraba bien y que fue amenazada de muerte al intentar irse del lugar.

El caso ha generado preocupación en la comunidad y entre organizaciones de derechos humanos, quienes siguen de cerca el desarrollo del juicio y el impacto de la violencia sexual en contextos privados. La resolución judicial podría sentar precedentes en la atención y protección de víctimas de delitos sexuales en el país.