El reciente proyecto del Gobierno argentino para derogar la Ley 27.642 de Etiquetado Frontal de Alimentos ha desatado un amplio debate entre especialistas, organizaciones de salud y la sociedad civil. La normativa, vigente desde 2022, obliga a las empresas a incluir advertencias visibles en los envases de alimentos sobre excesos de azúcares, grasas, sodio y calorías, con el objetivo de promover elecciones alimentarias más saludables.

La propuesta oficial, enviada al Senado, argumenta que el sistema actual presenta inconsistencias y podría obstaculizar el comercio internacional. Sin embargo, más de 300 instituciones académicas, organizaciones de salud pública y de derechos humanos han manifestado su rechazo a la derogación, señalando que no existen argumentos científicos que justifiquen eliminar la ley. “No existen argumentos sanitarios para derogar la ley. Eso significa retroceder en herramientas que buscan proteger el derecho a una alimentación adecuada y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles”, afirmó Natalia Elorriaga, investigadora del IECS.

Estudios recientes respaldan la eficacia del etiquetado: el 90% de los encuestados por el Ministerio de Salud apoya la presencia de sellos, y el 79% reportó cambios en sus hábitos de compra. Además, la Fundación Interamericana del Corazón y Unicef detectaron una disminución en la intención de compra de productos con sellos tras la implementación de la ley.

La Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) reconoce la necesidad de revisar aspectos técnicos, como el uso de "umbrales móviles" para definir los productos que llevan advertencias, pero rechaza la eliminación total de la norma. “La derogación de la Ley 27.642 afectaría otros capítulos de la normativa que regulan la publicidad y la promoción de la alimentación saludable en escuelas”, advirtió la SAN.

Por su parte, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires alertó que eliminar los sellos octogonales y flexibilizar la publicidad dirigida a niños pondría en riesgo avances en el derecho a la información y la protección de la salud pública. “Retroceder en medidas que fortalecen el acceso a la información implica debilitar herramientas de cuidado colectivo y profundizar desigualdades”, sostuvo Laura Salzman, presidenta del Colegio.

Algunas voces críticas, como la nutricionista Daniela Esturo, consideran que el etiquetado debe complementarse con una educación alimentaria más profunda y políticas integrales que aborden los hábitos de consumo desde una perspectiva económica y social.

El debate se da en un contexto regional donde solo Argentina, México y Colombia aplican el modelo de la OPS, mientras otros países optan por sistemas diferentes. El Mercosur discute actualmente la armonización de normativas, lo que suma complejidad al escenario. El futuro de la ley y sus posibles modificaciones sigue siendo incierto, pero el consenso entre especialistas es que cualquier cambio debe basarse en la mejor evidencia científica y priorizar la salud pública.