La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de los directores de Helacor S.A., la empresa cordobesa que opera la cadena de heladerías Grido, y ordenó que enfrenten un juicio oral por presunta asociación ilícita fiscal. La decisión, adoptada por mayoría en la Sala IV, afecta a Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago, quienes están acusados de liderar un esquema de evasión tributaria entre 2007 y 2012.

El caso se remonta a una investigación de la AFIP que detectó maniobras para eludir el pago de impuestos nacionales mediante un sistema conocido como "operaciones W", en el que participaron franquiciados y terceros. Según la acusación, los directivos habrían implementado un mecanismo para comercializar helados a gran escala de manera marginal, utilizando sociedades y personas de confianza para instalar locales y transferir fondos de comercio, facturando solo una parte del valor real para evadir el IVA.

En 2013, los empresarios adhirieron al régimen de blanqueo previsto por la ley 26.860 y reconocieron ventas omitidas por dos millones de dólares. Posteriormente, ofrecieron una reparación del daño calculada en 240 millones de pesos, destinada a entidades de bien público, y solicitaron la aplicación retroactiva de la ley de regularización impositiva sancionada en 2024. Sin embargo, la fiscalía se opuso a que estos beneficios alcanzaran la figura de asociación ilícita fiscal.

El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba había sobreseído a los acusados en 2023, considerando extinguida la acción penal por la ley de blanqueo. No obstante, la Cámara de Casación revocó esa decisión al entender que la normativa no aplica a delitos complejos como la asociación ilícita fiscal. El fallo aún no está firme y la defensa anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuentes cercanas a la empresa subrayaron que la acusación es contra los directivos y no involucra directamente a la compañía. El caso se suma a antecedentes recientes en Córdoba, donde otros empresarios fueron condenados por delitos similares. El debate sobre la aplicación de leyes de blanqueo a delitos fiscales complejos continúa abierto y podría sentar jurisprudencia en el futuro.