El asesinato de Julián Tomás Dobra de la Canal, un joven de 32 años oriundo de General Roca, ha conmocionado a la comunidad local y nacional. Julián desapareció el 17 de abril de 2025 y su cuerpo fue hallado el 1 de mayo en una zona de bardas al norte de la ciudad, presentando signos de violencia severa y disparos en la cabeza. La investigación ha llevado a la imputación de cinco personas, entre ellas tres adultos y dos menores de edad, por homicidio agravado.

El caso ha revelado detalles inquietantes. Según el abogado de la familia, Oscar Pineda, el auto de la víctima, un Suzuki Fun rojo, fue visto circulando por la ciudad tras su desaparición y luego apareció calcinado. Además, el departamento de Julián fue saqueado días después de su desaparición, lo que ha generado críticas hacia la falta de resguardo inicial de la escena. Una pista clave surgió desde la cárcel, donde un interno recibió una foto del cuerpo de Julián en su auto, lo que permitió avanzar en la identificación de los imputados.

La autopsia confirmó que Julián fue asesinado con disparos en la cabeza y presentaba lesiones severas. Los imputados, que tienen vínculos previos con la víctima, están siendo investigados por su posible participación en el crimen. La querella sostiene que el asesinato fue premeditado y que hay más personas involucradas, mientras que la fiscalía trabaja en pericias clave, como análisis de huellas, rastros de vehículos y teléfonos celulares.

El caso ha generado un fuerte impacto en General Roca, donde la comunidad ha realizado marchas exigiendo justicia. Julián, egresado de la Universidad Nacional del Comahue, provenía de una familia vinculada a la comunidad académica, lo que ha amplificado la repercusión del caso. La querella ha solicitado que el caso sea declarado "complejo" debido a la posible participación de múltiples actores y la necesidad de pericias adicionales.

La familia de Julián ha expresado desconfianza hacia la investigación inicial y ha criticado la falta de resguardo de pruebas clave. Testigos han mostrado reticencia a declarar por temor a represalias, lo que ha llevado a considerar el uso de testigos protegidos. Mientras tanto, la fiscalía y la querella manejan hipótesis distintas sobre el móvil del crimen, pero coinciden en que aún faltan elementos para esclarecerlo.

El plazo de investigación se ha fijado en cuatro meses, durante los cuales se espera avanzar en la resolución de este caso que ha conmocionado a la comunidad y al país.