El brutal asesinato de Maia Vallejos, una niña de dos años, ha dejado una marca imborrable en la localidad de Quitilipi, Chaco. El crimen, ocurrido en marzo de 2021, involucró a su madre, Melisa Vallejos, y al padrastro, Héctor Gómez, quienes fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado.

Maia fue llevada al Hospital 4 de Junio en grave estado por su madre, pero falleció poco después debido a un paro cardiorrespiratorio. La autopsia reveló detalles escalofriantes: dos agujas de coser habían sido introducidas en su cuerpo, afectando órganos vitales como el lóbulo pulmonar derecho y el timo. Estas lesiones, según los peritos, no pudieron haber sido autoinfligidas.

El juicio, que comenzó en abril de 2022 y se extendió por seis meses, estuvo marcado por testimonios desgarradores de médicos y enfermeras que atendieron a Maia. La médica Mariela Cáceres describió cómo la niña llegó con dificultad respiratoria y lesiones en el tórax, mientras que una enfermera señaló la actitud poco colaborativa de la madre durante el traslado al hospital.

El fiscal Cristian Arana lideró la investigación inicial, mientras que el fiscal Carlos Rescala presentó los alegatos finales, destacando que la muerte de Maia fue intencional. "Hubo un deseo de dar muerte por parte de ambos", afirmó Rescala, subrayando el uso deliberado de agujas oxidadas.

En octubre de 2022, la Cámara Segunda en lo Criminal dictó la sentencia de prisión perpetua para ambos acusados. Melisa Vallejos, quien llegó al juicio en libertad, cumple su condena bajo arresto domiciliario debido a su embarazo, mientras que Héctor Gómez fue alojado inicialmente en una comisaría local.

En abril de 2023, Melisa Vallejos grabó un video confesando el crimen y pidiendo disculpas a Gómez, pero se retractó al día siguiente, alegando haber sido amenazada. Las autoridades consideraron que el video no aportaba pruebas suficientes para reabrir el caso.

Finalmente, el pasado 5 de mayo, Héctor Gómez fue trasladado al Complejo Penitenciario Provincial N°II para cumplir el resto de su condena. Este traslado cierra un capítulo judicial, pero el impacto del caso sigue resonando en la comunidad de Quitilipi y en todo el país. Organizaciones de derechos infantiles han reiterado la importancia de fortalecer las medidas de protección para menores en situaciones de vulnerabilidad.