El reciente traslado de 19 militares condenados por crímenes de lesa humanidad desde el penal de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo ha desatado una intensa polémica en Argentina. La medida, ordenada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y sectores políticos, quienes denuncian que la nueva ubicación ofrece condiciones privilegiadas a los reclusos.

Entre los trasladados se encuentra Alfredo Astiz, conocido como el "Ángel de la Muerte", condenado a prisión perpetua por su participación en secuestros, torturas y desapariciones durante la última dictadura militar (1976-1983). Según informes, la Unidad 34 de Campo de Mayo cuenta con celdas individuales, atención médica las 24 horas, instalaciones deportivas y electrodomésticos, lo que ha llevado a organizaciones como H.I.J.O.S. a calificarla como una "cárcel VIP".

El Gobierno, por su parte, ha negado que el traslado implique mejoras en las condiciones de los reclusos. "Es falso que se haya beneficiado a alguien. No es una cárcel VIP, como dicen, y si lo es, lo fue con el gobierno anterior también", señalaron desde la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Según el SPF, la medida responde a un reacomodamiento penitenciario general, que busca liberar espacio en el penal de Ezeiza para convertirlo en una unidad exclusivamente para mujeres.

La decisión ha generado reacciones en el ámbito político. Diputados de la oposición, principalmente del kirchnerismo y la izquierda, han solicitado la interpelación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que explique los motivos detrás del traslado. "El único lugar para un genocida es la cárcel común", afirmó un representante de H.I.J.O.S., mientras que desde el oficialismo se insiste en que la medida es meramente administrativa.

El traslado también ha reavivado el debate sobre la memoria y la justicia en Argentina. La Unidad 34 de Campo de Mayo, creada durante el gobierno de Néstor Kirchner, ya había sido objeto de críticas en el pasado por su uso para alojar a militares condenados. Un informe de 2022 de la Secretaría de Derechos Humanos había señalado las condiciones privilegiadas de esta unidad, incluyendo una biblioteca, cocina equipada y espacios recreativos.

En el contexto de un país que aún lidia con las heridas de su pasado dictatorial, la medida ha polarizado a la sociedad. Mientras algunos sectores ven en el traslado un retroceso en la lucha por justicia, otros lo consideran una decisión administrativa sin implicaciones políticas. Lo cierto es que el tema ha vuelto a poner en el centro del debate público la necesidad de garantizar igualdad en el cumplimiento de las penas y el respeto por los derechos humanos.