Mario Lugones, actual ministro de Salud y figura de confianza en el gabinete de Javier Milei, se ha convertido en el centro de una controversia que combina política, historia familiar y derechos humanos. Su gestión al frente del Ministerio de Salud ha estado marcada por fuertes recortes presupuestarios, especialmente en el Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico del país, lo que ha generado movilizaciones de trabajadores, familias de pacientes y críticas de diversos sectores.

El 25 de junio, mientras se realizaba una masiva protesta en defensa del Garrahan, Lugones recibió mensajes personales de familiares cercanos, quienes apelaron a su historia común y a los lazos forjados en torno a la salud y la memoria. "Querido Mario, pensé y pienso mucho. Estoy por publicar esta historia que te quiero compartir, absolutamente real", le escribió Raúl Vásquez, familiar directo, en un intento de frenar el ajuste. La respuesta de Lugones, aunque afectuosa, no modificó el rumbo de su gestión: "Me acuerdo muy bien de todo lo que escribís. Y coincido con que el personal del Garrahan es de primera... Abrazo muy pero muy grande".

La figura de Lugones está atravesada por una historia familiar dolorosa. Su hermano César y su cuñada María Marta Vásquez fueron secuestrados y desaparecidos en 1976 durante la última dictadura militar. La búsqueda de justicia y verdad marcó a la familia, aunque Mario se mantuvo al margen de la militancia y la investigación, lo que generó distanciamiento con otros miembros.

En el plano político, Lugones ha impulsado la desregulación de obras sociales y la reestructuración de organismos clave como PAMI y ANMAT, medidas que han sido interpretadas como un avance del sector privado en detrimento de la salud pública. Además, ha sido imputado por presuntas irregularidades en la gestión hospitalaria y enfrenta pedidos de renuncia.

El impacto de sus políticas y su historia personal han reavivado el debate sobre la memoria, los derechos humanos y el rumbo del sistema de salud en la Argentina. Mientras el gobierno defiende la necesidad de recortes y modernización, organizaciones sociales y familiares de víctimas de la dictadura cuestionan el sentido y las consecuencias de estas decisiones. El caso Lugones ilustra la compleja intersección entre lo personal y lo político en el contexto actual.