La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, una medida que permite la habilitación de actividades mineras en zonas cercanas a los glaciares, bajo la potestad de cada provincia. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, fue sancionada con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que reflejó la creciente fragmentación y reconfiguración de fuerzas en el Congreso.

La reforma redefine el objeto de protección de la ley, limitando la tutela a aquellos glaciares que cumplan una "función hídrica efectiva" para la recarga de cuencas, en contraste con la ley de 2010 que protegía todos los glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua. El oficialismo argumenta que la modificación era necesaria para destrabar inversiones mineras, estimadas en hasta 40.000 millones de dólares, y para impulsar el desarrollo económico en un contexto de creciente demanda internacional de cobre y otros minerales.

Sin embargo, la medida generó una inmediata reacción judicial y social. Cerca de 800.000 ciudadanos se adhirieron a una demanda colectiva, mientras que la provincia de La Pampa presentó un amparo ante tribunales federales, alegando que la reforma es inconstitucional y pone en riesgo el acceso al agua. "Esta causa es crucial: es el agua de los argentinos", afirmó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Organizaciones ambientalistas y expertos advierten que la reforma podría generar desigualdad en la protección ambiental entre provincias y abrir la puerta a conflictos por la gestión de cuencas. Además, recuerdan que en 2019 la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley original, priorizando los derechos colectivos sobre los intereses individuales.

En el plano político, la votación evidenció la posibilidad de que la oposición logre mayorías alternativas en el futuro, lo que podría condicionar la agenda legislativa de cara a las elecciones de 2027. El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares se inscribe así en una disputa más amplia sobre el modelo de desarrollo y la protección de los recursos naturales en Argentina.