En un fallo histórico, la Justicia de Rosario condenó a Andrés "Pachu" Chávez y a Ignacio Guassardo a 34 y 28 años de prisión, respectivamente, por su participación en una balacera que dejó una joven muerta y ocho heridos en el barrio Empalme Graneros. El ataque, ocurrido en marzo de 2022, fue descrito por la fiscal Georgina Pairola como una "masacre" en el marco de una disputa territorial entre bandas narco.

La madrugada del 13 de marzo de 2022, Chávez y Guassardo llegaron en moto a una fiesta callejera en la esquina de Larrea y French. Según testigos, Chávez disparó indiscriminadamente contra la multitud, dejando a Brenda Samira del Valle, de 24 años, gravemente herida. La joven falleció tras recibir dos disparos, uno de ellos en el rostro. Otras ocho personas, de entre 16 y 29 años, también resultaron heridas.

El tribunal, compuesto por los jueces Gonzalo López Quintana, Hebe Marcogliese y Pablo Pinto, consideró probado que los acusados actuaron con dolo homicida. "Dispararon a mansalva con la intención de matar a la mayor cantidad de personas posible", afirmó la fiscal Pairola durante el juicio. La evidencia incluyó testimonios de testigos y pruebas balísticas que vincularon a Chávez y Guassardo con el ataque.

El contexto del crimen fue una disputa entre las bandas lideradas por Francisco "Fran" Riquelme y Mauro Gerez, quienes se disputan el control del narcotráfico en la zona. Según la Fiscalía, los atacantes sabían que en la fiesta había personas vinculadas a la banda rival, aunque no tenían objetivos específicos.

Chávez, identificado como el tirador, ya enfrentaba otros cargos por portación ilegal de armas y encubrimiento. Guassardo, quien conducía la moto, fue señalado como cómplice directo. Durante el juicio, se destacó que ambos tuvieron múltiples oportunidades de detener el ataque, pero eligieron continuar.

La condena ha sido recibida como un paso importante en la lucha contra la violencia narco en Rosario, aunque los vecinos del barrio Empalme Graneros siguen viviendo en un clima de inseguridad. "Los homicidios y balaceras son moneda corriente en estos barrios", lamentó un testigo durante el juicio.

Brenda, quien dejó una hija de tres años, se ha convertido en un símbolo de las víctimas inocentes de la violencia narco. Este caso subraya la urgencia de implementar políticas efectivas para combatir el crimen organizado y proteger a las comunidades más vulnerables.