El Gobierno argentino avanza en la elaboración de una reforma laboral que podría incluir un blanqueo de trabajadores a costo cero, según confirmaron fuentes oficiales y especialistas consultados. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, busca incentivar la formalización del empleo y generar nuevos puestos de trabajo, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con los borradores en discusión, el blanqueo permitiría a las empresas regularizar empleados sin pagar multas, intereses ni aportes previsionales adeudados. "El traspaso de trabajadores en negro a blanco tiene que ser gratis, porque de otro modo las pymes no se van a sumar", afirmó el abogado laboralista Julián de Diego, asesor del Ministerio y del secretario de Trabajo, Julio Cordero. La propuesta descarta la inclusión de un tope a las indemnizaciones por despido, una medida que había sido objeto de especulación en semanas previas.

El costo laboral argentino, que según estimaciones de la empresa Techint es un 60% superior al de Brasil, representa uno de los principales obstáculos para la contratación formal. "Reducir el costo del trabajo registrado es imprescindible para volver competitivo el empleo formal", señalaron desde el equipo económico del Gobierno. La reforma también contempla la revisión de aportes previsionales y la modernización de jornadas laborales.

Sin embargo, el debate se centra en el impacto fiscal que tendría para el Estado condonar deudas previsionales y reconocer la antigüedad de los trabajadores regularizados. En experiencias previas, como el Régimen de Promoción del Empleo Registrado incluido en la Ley Bases, la adhesión fue limitada: solo el 0,3% de los trabajadores no declarados fueron regularizados.

El Gobierno sostiene que la gratuidad del blanqueo es fundamental para lograr una formalización masiva, pero expertos advierten sobre la necesidad de equilibrar los incentivos empresariales con la protección de los derechos laborales. El éxito de la reforma dependerá de la capacidad de generar incentivos permanentes y de garantizar la sostenibilidad fiscal, en un contexto de alta informalidad y costos laborales elevados. La iniciativa podría enviarse al Congreso antes de fin de año, marcando un posible giro en la política laboral argentina.