La reciente publicación de las declaraciones juradas de los ministros del gabinete de Javier Milei puso en el centro del debate la composición y el crecimiento de los patrimonios de los principales funcionarios nacionales. Según los documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción, los tres funcionarios más ricos del gabinete —Gerardo Werthein, Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo— concentran la mayor parte de sus bienes fuera del país.

Luis Caputo, ministro de Economía, declaró un patrimonio de $11.851 millones, de los cuales el 65% se encuentra en el exterior. Caputo explicó que no repatrió sus fondos tras asumir el cargo para evitar sospechas de uso de información privilegiada: “Si traía el dinero al país y lo transformaba en pesos podría haber ganado una fortuna, y entonces me hubieran acusado, y hasta demandado, por tener información y usarla a mi favor. Así que preferí dejar todo tal cual estaba”, señaló a La Nación.

El canciller Gerardo Werthein encabeza el ranking patrimonial con $92.056 millones, también con el 65% de sus bienes fuera de Argentina. Werthein posee inmuebles en Buenos Aires, Punta del Este y Madrid, además de vehículos de lujo y participaciones empresariales. Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, declaró $18.089 millones, con el 80% de su patrimonio en cuentas y propiedades en el exterior.

El crecimiento patrimonial de estos funcionarios fue notable en 2024: Caputo incrementó su fortuna en un 137%, Cúneo Libarona en un 47% y Werthein en un 7,6%. Las valuaciones se realizan a valor fiscal, lo que puede subestimar los montos reales. Por su parte, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, es la funcionaria con menos patrimonio, aunque su fortuna creció un 221% por la revaluación de activos.

La tendencia a mantener bienes fuera del país no constituye un delito, pero genera debate sobre la confianza y la transparencia en la función pública. El fenómeno, si bien no es nuevo, se acentuó en el actual gabinete y se da en un contexto de alta inflación y devaluación, que impactan en la valuación de los patrimonios. Fuentes oficiales evitaron hacer comentarios sobre la composición de los bienes, mientras el tema sigue generando repercusiones en la opinión pública y en el debate sobre la ética y la transparencia de los funcionarios.