El Senado argentino debate una reforma sustancial a la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, en respuesta a demandas de familias, profesionales y organizaciones. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, propone facilitar los procesos de internación ante situaciones de riesgo, redefinir los criterios diagnósticos y otorgar mayor centralidad al rol del psiquiatra y a los hospitales especializados en salud mental.

Entre los principales cambios, se destaca la sustitución del criterio de "riesgo cierto e inminente" por uno más amplio, que contempla antecedentes y la evolución potencial del paciente. Además, se modifica la denominación de los sujetos de la ley, pasando de "padecimiento mental" a "afección o trastorno mental", en línea con la Clasificación Internacional de Enfermedades. El proyecto también amplía el plazo para notificar internaciones a la Justicia y permite que, en casos excepcionales, un solo médico pueda disponer la internación, con revisión posterior.

Durante las sesiones informativas en el Senado, especialistas, familiares y representantes de asociaciones expusieron posturas encontradas. Algunos profesionales y familiares sostienen que la ley actual dificulta la atención oportuna y la internación de personas en riesgo, señalando la falta de camas y la necesidad de intervención temprana. "Como familias estamos pasando una situación sumamente grave porque se nos mueren nuestros hijos. Ustedes tienen el poder y la posibilidad de cambiar ese destino", expresó Sandra Lazarte, representante de familiares.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y expertos advierten sobre el riesgo de retroceder en garantías y de reforzar prácticas de medicalización y encierro. Alberto Trimboli, presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, afirmó que "los cambios apuntan a atacar los derechos de las personas" y a debilitar el enfoque integral y comunitario.

El debate se da en un contexto de creciente preocupación social por la salud mental y la necesidad de actualizar la normativa. El caso histórico de María Duba, internada en 1923 por decisión médica y judicial sin control suficiente, es citado como antecedente de la importancia del control judicial y de evitar el uso del encierro como herramienta de control social.

El Senado continúa recibiendo aportes de diversos sectores, con el objetivo de alcanzar una reforma que equilibre la protección de derechos, la atención adecuada y la respuesta a las nuevas demandas sociales.