Un joven de 18 años fue detenido en la localidad de La Playosa, en el departamento General San Martín de Córdoba, tras la viralización de un video en redes sociales donde se lo observa atacando brutalmente a un cachorro de puma. El hecho, que generó una fuerte reacción de repudio en la comunidad y en organizaciones proteccionistas, activó la intervención de la Justicia bajo la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, encabezada por la doctora Silvia Maldonado, ordenó un allanamiento en un establecimiento rural de la zona, donde personal policial halló el cuerpo sin vida del animal y un garrote presuntamente utilizado en el ataque. Un médico veterinario participó en el operativo y confirmó la muerte del ejemplar silvestre.

La investigación se inició a partir de la difusión del video en redes sociales, lo que permitió identificar rápidamente al responsable. El joven permanece detenido y enfrenta cargos por infracción a la normativa de protección de fauna, que establece penas para quienes atenten contra la vida o el bienestar de especies autóctonas.

El caso reavivó el debate sobre el maltrato animal en Argentina y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y sanción. "La Fiscalía actuó tras la difusión de publicaciones en redes sociales donde se mostraba al acusado atacando brutalmente al animal", informaron fuentes policiales. La comunidad local y usuarios de redes sociales expresaron su indignación y exigieron sanciones ejemplares, así como una mayor presencia estatal para garantizar la protección de los animales.

La Ley Nacional N.º 22.421, promulgada en 1981, busca preservar la fauna autóctona y establece penalizaciones para quienes capturen, cacen o maltraten animales silvestres sin autorización. Aunque el puma no está en peligro de extinción en el país, es considerado una especie clave para el equilibrio del ecosistema.

El episodio se suma a otros casos recientes de maltrato animal que han impulsado campañas de concientización y mayor control estatal. La investigación judicial continúa, mientras organizaciones proteccionistas y vecinos de la zona reclaman medidas más estrictas para prevenir futuros hechos de violencia contra la fauna silvestre.