Una investigación judicial en la Ciudad de Buenos Aires ha sacado a la luz una megaestafa inmobiliaria que, según estimaciones, habría perjudicado a más de 50 personas y generado un daño económico cercano a los 25 millones de dólares. El caso involucra a la empresa Induplack, dedicada a la construcción y venta de departamentos en pozo, y a un clan familiar encabezado por Vito Antonio L’Abbate, actualmente detenido junto a sus hijos y un apoderado.

Induplack comenzó a operar en 2012, ofreciendo atractivas condiciones de pago en cuotas pesificadas, lo que atrajo a numerosos pequeños ahorristas que buscaban acceder a su primera vivienda. Sin embargo, con el paso de los años, las obras se paralizaron y los departamentos prometidos nunca fueron entregados. Las denuncias se multiplicaron en el fuero civil y penal, y los damnificados se organizaron en redes sociales para compartir sus experiencias y coordinar acciones legales.

La causa penal, iniciada en 2020 y centralizada en el Juzgado N°40 a cargo de la jueza Paula González, avanzó rápidamente. La investigación reveló la existencia de al menos 23 sociedades vinculadas a los imputados, muchas de ellas creadas tras el aumento de denuncias en 2019. Según la fiscal Mónica Cuñarro, la creación serial de empresas no era más que una maniobra defraudatoria para desviar fondos y evitar la acción de la justicia.

El abogado de la mayoría de los denunciantes, Fernando Madeo Facente, destacó que el 80% de las víctimas no era gente adinerada, sino trabajadores que buscaban su primera vivienda. “No tenemos ninguna duda de que se trató de una estafa y hay varios indicios que nos guiaron a eso. El mismo departamento se vendió a muchas personas y eso dejó en claro que se trata de algo premeditado”, afirmó.

El 10 de abril, Vito L’Abbate se entregó a la justicia tras dictarse su procesamiento con prisión preventiva. Sus hijos y el apoderado también se presentaron posteriormente. La jueza González les negó la excarcelación y ordenó el embargo de sus bienes. La causa, que ahora incluye el delito de asociación ilícita, sigue sumando denuncias y se espera que los acusados enfrenten varios años de prisión si se comprueba su responsabilidad.

El caso ha generado preocupación en el mercado inmobiliario y entre quienes buscan acceder a la vivienda propia, en un contexto de crisis habitacional y desconfianza en las inversiones inmobiliarias. La investigación continúa y no se descarta la apertura de nuevas causas por el desvío de fondos a través de sociedades vinculadas al clan L’Abbate.