El 30% de los jóvenes argentinos de entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja, según datos recientes del Observatorio de la Deuda Social Argentina y la Organización Internacional del Trabajo. Esta cifra, que se mantiene estable desde hace más de una década, refleja una problemática estructural que afecta a casi dos millones de jóvenes en todo el país, con mayor incidencia en los sectores de menores ingresos y en regiones como el NOA y NEA.

La situación es especialmente crítica para las mujeres jóvenes, quienes en su mayoría asumen tareas de cuidado no remuneradas, lo que limita su acceso a la educación y al empleo formal. Según investigaciones de CIPPEC, el 67% de las jóvenes fuera del sistema educativo y laboral realiza tareas domésticas, y el 95% de estas responsabilidades recae sobre mujeres. Además, la falta de conectividad y la informalidad laboral agravan la exclusión, dificultando la continuidad escolar y la búsqueda de empleo.

Solo uno de cada diez estudiantes logra terminar la secundaria a tiempo y con aprendizajes adecuados, y quienes no lo logran suelen provenir de hogares donde los ingresos no cubren las necesidades básicas. La pandemia de COVID-19 profundizó la desconexión escolar y el deterioro emocional, afectando la motivación y el rendimiento académico de los jóvenes.

Frente a este panorama, se han lanzado iniciativas como el Programa Federal para la Juventud en Habilidades y Competencias 2030, que ofrece capacitación gratuita y online en habilidades digitales, inteligencia artificial y competencias transversales. El programa, impulsado por la Cámara Argentina de Formación Profesional y la OIEP, busca articular esfuerzos entre el sector público y privado, y su éxito depende de la presencia territorial y la articulación con los municipios.

Especialistas advierten que la exclusión juvenil no es un problema individual, sino estructural, y que la falta de políticas de cuidado y formación flexible perpetúa la desigualdad. Países como Chile y Uruguay han logrado mejores tasas de inserción juvenil mediante la combinación de formación técnica, prácticas laborales y sistemas de certificación. En Argentina, la brecha entre las expectativas de los jóvenes y las oportunidades reales en el sistema educativo y el mercado laboral sigue siendo un desafío central.

La exclusión prolongada tiene consecuencias profundas: cada año fuera del sistema educativo o laboral reduce el ingreso futuro entre un 8% y un 12%, y perpetúa la transmisión intergeneracional de la pobreza. Los especialistas coinciden en que revertir esta tendencia requiere políticas integrales que incluyan incentivos económicos, formación adaptada a las necesidades locales y un enfoque de género y territorio.