Una mujer de 42 años fue detenida en la ciudad de La Plata, acusada de haber estafado a una compañera de trabajo con discapacidad al robarle los datos de su tarjeta de crédito y realizar compras por más de dos millones de pesos. Ambas trabajaban como auxiliares de limpieza en un jardín de infantes local, donde la sospechosa habría accedido a la información bancaria de la víctima en el espacio donde guardaban sus pertenencias.

La investigación comenzó en enero de 2026, cuando la víctima detectó consumos no autorizados en su cuenta y realizó la denuncia correspondiente. La Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía Bonaerense rastreó las operaciones y determinó que la acusada había efectuado compras entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Entre los bienes adquiridos figuran un televisor, una cama de dos plazas, ropa, un teléfono celular, una notebook, pasajes a San Bernardo y el pago de servicios como la factura de gas.

Según fuentes judiciales, la modalidad utilizada fue la de "estafa hormiga", caracterizada por transacciones pequeñas y en cuotas para evitar sospechas y prolongar el fraude en el tiempo. El saldo de la víctima fue agotado, dejándola incluso con el sueldo embargado. Durante el allanamiento en la vivienda de la acusada, la policía secuestró los objetos comprados y anotaciones con datos de tarjetas, lo que refuerza la hipótesis de premeditación.

La causa, caratulada como "estafa", quedó a cargo de la UFI N°16 de La Plata, bajo la dirección del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta y la intervención del Juzgado de Garantías N°5. La acusada fue desplazada de su puesto laboral y permanece detenida mientras la investigación sigue su curso. La jueza Marcela Garmendia, responsable del allanamiento, destacó la gravedad del hecho y la existencia de antecedentes condenatorios en la imputada.

El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa y pone en relieve la necesidad de reforzar la seguridad y la prevención de delitos informáticos, especialmente en entornos laborales donde existen personas en situación de vulnerabilidad. Las autoridades instan a denunciar rápidamente cualquier irregularidad para evitar mayores perjuicios y facilitar la acción de la justicia.