Un operativo policial llevado a cabo en la localidad de Pueblo Esther, Santa Fe, permitió el rescate de dos crías de carpincho que se encontraban enjauladas y en condiciones precarias de salud e higiene. La intervención, realizada por la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Policía de Rosario, se produjo tras una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta comercialización de carne de capibara, una especie protegida.

Al ingresar a la vivienda, ubicada en la calle Brown al 900, los agentes encontraron a las crías en una jaula, junto con restos de un carpincho adulto y seis nutrias en un freezer. Según las autoridades, la carne de estos animales se utilizaba para elaborar milanesas que eran vendidas de manera ilegal. Las crías rescatadas fueron trasladadas a una clínica veterinaria para recibir atención especializada y, eventualmente, ser reinsertadas en su hábitat natural.

El caso ha generado una investigación judicial por infracción a las leyes de protección de fauna silvestre, tanto a nivel nacional como provincial. Estas normativas prohíben la captura, tenencia y comercialización de especies protegidas sin la debida autorización. Aunque no se han reportado detenciones inmediatas, las autoridades continúan con las pesquisas para determinar responsabilidades penales y el posible alcance de una red de comercialización ilegal.

Este incidente no es aislado. En febrero, un local en el barrio porteño de Villa Crespo fue clausurado por vender carne de carpincho y chivito, también especies protegidas. En ese caso, se encontraron frascos de conservas de carne que no cumplían con las regulaciones legales, lo que refuerza la sospecha de caza furtiva y comercio ilegal.

El carpincho, conocido también como capibara, es el roedor más grande del mundo y una especie autóctona de Sudamérica. Su caza y comercialización están estrictamente reguladas debido a su importancia ecológica y el riesgo de extinción por prácticas ilegales. Las autoridades han enfatizado la necesidad de denuncias ciudadanas para combatir este tipo de delitos y proteger la biodiversidad del país.

La investigación en Pueblo Esther sigue en curso, y se espera que arroje más detalles sobre el origen de los animales y la posible existencia de una red de tráfico ilegal. Mientras tanto, las organizaciones de protección animal han pedido mayores controles y sanciones más severas para quienes infringen las leyes de conservación de fauna.