El Banco Ciudad anunció la realización de una serie de subastas digitales de vehículos en desuso pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrán lugar los días 7, 8 y 10 de julio. En total, se ofrecerán 124 unidades que fueron retiradas del servicio público, abarcando una amplia gama de modelos y categorías, desde camiones y ómnibus hasta automóviles y camionetas. El valor base de los lotes suma $577 millones, con precios que parten desde $1,5 millones para un Renault 19 modelo 1999 y alcanzan los $10 millones en modelos premium como una Mercedes Benz Viano o una Volkswagen Amarok.

La subasta, completamente online, está abierta a particulares, empresas y organismos de todo el país. Para participar, los interesados deben inscribirse al menos 48 horas antes del inicio de la puja, realizar un depósito de garantía equivalente al 10% del valor base del lote y cargar el comprobante en la plataforma oficial del banco. Los vehículos se exhiben previamente en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según un cronograma detallado por jornada y tipo de vehículo.

Durante la subasta, cada oferente puede realizar múltiples propuestas de precio. Si una oferta se presenta en los últimos tres minutos previos al cierre, el sistema extiende el reloj por otros tres minutos, permitiendo así una competencia más dinámica y transparente. Los ganadores serán notificados por correo electrónico y deberán abonar el 20% del precio como seña y el 10% más IVA en concepto de comisión, completando el saldo dentro de los cinco días posteriores a la aprobación de la compra.

El Banco Ciudad remarcó que el sistema de subastas cumple con los estándares de transparencia, seguridad y alcance nacional. La entidad publica en su sitio web imágenes, descripciones y precios base de cada bien, facilitando el acceso a los interesados de todo el país. Las unidades subastadas provienen del parque automotor de la Dirección General de Gestión de la Flota Automotor del Gobierno porteño, y la monetización de estos activos busca optimizar recursos y redireccionarlos a otros fines administrativos o sociales, en línea con los criterios de eficiencia en el uso de bienes del Estado.

La iniciativa se enmarca en una tendencia creciente de digitalización de procesos estatales y apertura de oportunidades para la ciudadanía, sin que hasta el momento se hayan reportado controversias públicas sobre el procedimiento.