La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó el avance a juicio oral de una causa en la que un escribano, identificado por las iniciales R.R.S., está acusado de defraudar a una mujer de 96 años en la ciudad de Buenos Aires. Según la imputación, el escribano y una coimputada habrían inducido a la anciana, quien carecía de autonomía psíquica suficiente, a firmar documentos que afectaron negativamente su patrimonio y el de sus familiares.

El hecho, ocurrido el 18 de marzo de 2021 en un inmueble de la avenida Lincoln al 3500, fue encuadrado bajo la figura penal de "defraudación por circunvención de incapaz", delito que prevé penas de dos a seis años de prisión. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el escribano actuó como partícipe necesario en la maniobra, aprovechando su rol profesional para confeccionar y suscribir los instrumentos cuestionados.

La defensa del imputado solicitó la suspensión del proceso a prueba y ofreció una reparación económica de 270.000 pesos, argumentando que no existió un beneficio patrimonial concreto. Sin embargo, tanto la fiscalía como la querella se opusieron, señalando que el conflicto penal no estaba resuelto y que el daño económico no había sido determinado con precisión. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 porteño rechazó el pedido, considerando que la probation no satisfaría los intereses de la víctima ni permitiría descomprimir la carga judicial, ya que el juicio debía realizarse igualmente respecto de la coimputada.

El recurso de la defensa fue declarado inadmisible por el camarista Pablo Jantus, quien sostuvo que no se refutaron adecuadamente los fundamentos de la sentencia apelada. "El conflicto no se halla superado y tampoco era factible la determinación de la reparación y, en esa medida, el análisis de la razonabilidad del monto ofrecido", argumentó el magistrado.

De esta manera, el expediente quedó listo para avanzar hacia la etapa oral, donde se debatirá públicamente la conducta atribuida al escribano, su intervención en los hechos y el daño causado. El caso pone en el centro de la discusión la protección de los adultos mayores y la responsabilidad de los profesionales en la gestión de documentos con efectos jurídicos.