El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha iniciado un proceso de auditoría masiva sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), con el objetivo de identificar irregularidades en más de 1.2 millones de casos. Según el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se han enviado 470,000 intimaciones para verificar la validez de las pensiones, de las cuales 224,657 podrían ser dadas de baja en el corto plazo.

Las auditorías han revelado múltiples irregularidades, incluyendo casos de beneficiarios fallecidos, presos, prófugos de la justicia y diagnósticos falsos, como amputaciones inexistentes. Además, se detectaron situaciones como una misma radiografía utilizada en 150 trámites y diagnósticos por condiciones menores como "pie plano". Estas irregularidades han llevado al gobierno a proyectar un ahorro de 900 mil millones de pesos en 2025, equivalente a más de 700 millones de dólares.

El proceso de auditoría se enmarca en el Decreto 842/2024, que redefine los requisitos para acceder a las pensiones, exigiendo una incapacidad total y permanente del 76% o más. La normativa también endurece las condiciones de incompatibilidad, como la percepción de otros ingresos, y otorga mayores facultades a la ANDIS para suspender o dar de baja pensiones ante sospechas de irregularidades.

Sin embargo, las medidas han generado controversia. La Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) presentó una acción de amparo contra el Estado, denunciando que las auditorías presenciales violan derechos fundamentales. Según la organización, los operativos han provocado tratos inhumanos hacia personas con discapacidad, incluyendo largas filas bajo el sol, descompensaciones y traslados de hasta 400 kilómetros para asistir a las citaciones.

Desde el gobierno, el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, defendió las auditorías, argumentando que buscan garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. Spagnuolo destacó que entre 2003 y 2015, las pensiones por invalidez laboral aumentaron de 80,000 a 1,050,000, un crecimiento sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales. Bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra ascendió a 1,250,000 entre 2019 y 2023.

El proceso de auditoría continuará en los próximos meses, con más de 128,000 entrevistas médicas programadas. Mientras tanto, organizaciones civiles y expertos advierten sobre el impacto social de estas medidas, que podrían afectar a personas vulnerables que cumplen con los requisitos legales. La controversia pone de relieve la necesidad de equilibrar el control de irregularidades con la protección de los derechos de los beneficiarios legítimos.