La ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe atraviesan una serie de crisis empresariales, judiciales y de infraestructura que impactan en sectores clave de la economía regional. En el ámbito empresarial, Sudamericana de Lácteos, ubicada en Díaz, enfrenta atrasos de tres meses en el pago a proveedores, mientras que el Matadero Frigorífico Don Raúl, de Vera, ingresó en convocatoria de acreedores con un pasivo de casi $3 mil millones en cheques rebotados. Estos casos reflejan el estrés financiero que afecta a diversas industrias locales.

En el sector agroexportador, el grupo Grassi logró una contundente mayoría en el proceso de cramdown de Vicentín, alcanzando el 84,9% de conformidades de acreedores y superando ampliamente el mínimo requerido. Esta victoria representa un alivio para los acreedores y trabajadores de Vicentín, quienes temían por la continuidad de sus empleos en caso de quiebra. El proceso estuvo marcado por disputas entre grupos empresariales y estrategias judiciales para excluir acreedores, aunque la Sindicatura de concurso se distanció de estos argumentos.

Por otro lado, un informe del Comité de Higiene y Seguridad Laboral del Aeropuerto de Rosario reveló graves deficiencias en el control de seguridad y documentación de contratistas. Se detectaron múltiples casos de personal trabajando sin el equipo de protección obligatorio, riesgos eléctricos críticos y uso de maquinaria sin certificación. El informe concluye que el control preventivo ha colapsado y exige medidas drásticas para evitar accidentes graves.

En el plano judicial, la Cámara Federal de Casación Penal restableció el procesamiento de cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A. por la descarga de efluentes cloacales e industriales en el Río Paraná, con contaminación confirmada por pericias de la Policía Federal Argentina. Además, un estudio del Instituto ITBA reveló que el oeste de Santa Fe presenta altos niveles de arsénico en el agua, afectando a unas 300 localidades.

El debate sobre la gobernanza del agua y saneamiento se intensificó tras la presentación de un libro en la Legislatura provincial, donde especialistas y funcionarios coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio integral. "No hay forma de saldar pasivos ambientales y sociales sin un manejo integral del agua", afirmó Juan Carlos Venesia, director del Instituto de Desarrollo Regional Rosario.

En este contexto, las tensiones políticas y sindicales continúan afectando la gestión de obras públicas y la seguridad laboral, mientras el Banco Municipal de Rosario defiende su rol en transferencias internacionales y prepara apelaciones judiciales por loteos en Funes. El futuro de la región dependerá de la capacidad de sus actores para enfrentar estos desafíos y avanzar hacia soluciones sostenibles.