La Justicia Federal de Goya reactivó la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido hace un año y cinco meses en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. El operativo, autorizado por la jueza Cristina Pozzer Penzo mediante la Resolución N° 527/2025, contempla rastrillajes y allanamientos en cuatro lagunas y áreas rurales vinculadas a los principales imputados del caso, Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Las tareas comenzaron este lunes y se extenderán por al menos 50 días, con posibilidad de prórroga según las condiciones climáticas y los resultados obtenidos. El despliegue involucra al Comando Unificado Corrientes (CUC), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Corrientes y organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

La resolución judicial habilita allanamientos en viviendas, galpones y terrenos adyacentes a las lagunas, con control estricto de acceso, registro audiovisual obligatorio y la presencia de testigos externos a las fuerzas de seguridad. Además, se permite la intervención de la querella y la presencia de familiares directos y abogados durante los procedimientos, bajo coordinación del CUC. La policía provincial participa únicamente en tareas logísticas, mientras la investigación permanece bajo control federal.

El objetivo del operativo es hallar cualquier rastro, evidencia u objeto que aporte información sobre el paradero de Loan o permita identificar a los autores, cómplices o instigadores del hecho. La jueza consideró que las medidas son "oportunas, conducentes y proporcionales" para avanzar en el esclarecimiento del caso, que mantiene en vilo a la comunidad correntina y al país.

Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, tras asistir a un almuerzo familiar. Siete personas están procesadas en la causa principal por sustracción y ocultamiento, y existe un expediente paralelo por manipulación de testigos y defraudación al Estado. La abogada de la familia, Belén Russo Cornara, subrayó la importancia de investigar las lagunas en profundidad, mientras el abogado Richard Vallejos apuntó a Pérez y Caillava como principales responsables, según la hipótesis fiscal.

La nueva etapa de rastrillajes y allanamientos busca generar insumos probatorios que permitan avanzar en la determinación de responsabilidades y aportar elementos que orienten hacia el paradero del niño. La justicia ha implementado protocolos estrictos para evitar la revictimización y garantizar la transparencia del proceso, con la esperanza de que los trabajos actuales permitan reunir elementos de valor para el esclarecimiento del caso.