El Gobierno argentino realizó este miércoles un pago de USD 780 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses y comisiones, apenas dos días después de recibir un desembolso de USD 2.000 millones por parte del organismo internacional. Como resultado, las reservas internacionales brutas del Banco Central descendieron a USD 42.141 millones, aunque se mantienen en su nivel más alto desde enero de 2023.

El pago se enmarca en el acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril, por el cual el FMI ya transfirió USD 14.000 millones de los USD 20.000 millones pactados con el Gobierno de Javier Milei. A cambio, el Ejecutivo flexibilizó el cepo cambiario, modificó el ritmo de devaluación y adoptó un esquema de bandas cambiarias. Sin embargo, el país no logró alcanzar la meta de reservas netas del segundo trimestre, registrando un déficit de USD 4.700 millones frente al objetivo de USD 1.100 millones negativos.

El FMI elogió las medidas correctivas implementadas por el Gobierno, pero advirtió sobre la frágil posición externa de Argentina, que continúa entre los países emergentes con menor nivel de reservas. En respuesta a las dificultades, el organismo decidió flexibilizar la meta de acumulación de reservas y espaciar las revisiones del programa, que ahora serán semestrales en lugar de trimestrales.

El contexto económico sigue marcado por la volatilidad cambiaria, con una depreciación del peso del 13% en julio y un dólar oficial que rozó los $1.400. El Gobierno endureció la política monetaria, elevando los encajes bancarios y restringiendo la liquidez para contener presiones sobre el tipo de cambio. El FMI recomendó que el Banco Central implemente compras sistemáticas de dólares para fortalecer el programa y mejorar la posición de reservas.

Bancos internacionales como J.P. Morgan y Morgan Stanley valoraron el respaldo del FMI al Gobierno argentino, pero advirtieron sobre los desafíos persistentes, especialmente en materia de acumulación de reservas y estabilidad cambiaria. Por otro lado, sectores críticos señalaron el impacto social del ajuste fiscal y el costo de la deuda, destacando los recortes en jubilaciones y programas sociales.

De cara al futuro, analistas prevén que la política monetaria contractiva continuará para contener presiones cambiarias, mientras el Gobierno busca mantener el compromiso fiscal y cumplir con las exigencias del FMI. El organismo internacional considera positivo el compromiso asumido, pero alerta sobre la necesidad de fortalecer las reservas y avanzar en reformas estructurales para garantizar la estabilidad económica.