La presunta megaestafa inmobiliaria de Induplack, que involucra a más de 300 víctimas y un fraude estimado en 20 millones de dólares, se perfila como uno de los casos más grandes en la historia reciente de la justicia argentina. La fiscal Mónica Cuñarro, a cargo de la investigación, ha solicitado la ampliación de las indagatorias para los cinco detenidos, entre ellos miembros de la familia L’Abbate, quienes lideraban la empresa Induplack Fiduciaria.

Desde 2012, Induplack ofrecía departamentos en pozo con cuotas accesibles, atrayendo a pequeños inversores y familias que buscaban acceder a su primera vivienda. Sin embargo, las obras no se completaban, y en muchos casos, los inmuebles eran revendidos a múltiples compradores. Según la fiscalía, el grupo utilizaba fideicomisos fraudulentos y creaba sociedades pantalla para desviar fondos y evadir responsabilidades legales.

El modus operandi incluía la creación de 23 sociedades, muchas de ellas fundadas entre 2019 y 2023, cuando las denuncias comenzaron a acumularse. Estas empresas, lideradas por los mismos integrantes del grupo, permitían sortear inhibiciones legales y continuar con las maniobras fraudulentas. "El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden", justificó Emanuel L’Abbate, uno de los imputados, en su declaración indagatoria. Sin embargo, la fiscalía considera que estas acciones no eran más que una estrategia para perpetuar el esquema de estafa.

El impacto económico es significativo. Se estima que el fraude supera los 20 millones de dólares, y las autoridades han incautado bienes por 905 millones de pesos. Además, se investigan cuentas bancarias en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, para garantizar posibles reparaciones económicas a las víctimas.

Las reacciones no se han hecho esperar. Las redes sociales se han convertido en un canal clave para las denuncias, con perfiles como "Estafados por Induplack" que buscan visibilizar el caso y exigir justicia. "Pagué durante seis años por un departamento que no era mío. Me siento estafada y engañada", relató Andrea Gerez, una de las damnificadas. Otro denunciante señaló que en un edificio con 48 departamentos, se identificaron 95 propietarios diferentes.

El caso ha puesto en evidencia la necesidad de mayores controles en el mercado inmobiliario y sanciones ejemplares para los responsables. Mientras tanto, la fiscalía continúa investigando el entramado societario y las posibles conexiones internacionales del caso, en un esfuerzo por desentrañar lo que podría ser una de las mayores estafas inmobiliarias en la historia del país.