El Gobierno Nacional dispuso un aumento sustancial en la alícuota que los clubes de fútbol profesional deben aportar al sistema de seguridad social, elevándola del 7,5% al 18,62% a partir del 1° de agosto. La medida, defendida públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca cubrir un déficit previsional de casi 20.000 millones de pesos generado bajo el régimen especial vigente para el sector.

Sturzenegger argumentó que, pese a los ingresos millonarios por ventas de jugadores y otros conceptos, los clubes mantienen un régimen de aportes que termina siendo financiado por los jubilados. "En 2024, los clubes de fútbol argentinos generaron 324 millones de dólares en ventas de jugadores. Sin embargo, a pesar de estos ingresos, el sector mantiene un régimen especial de aportes a la seguridad social que termina financiado por los jubilados", expresó el funcionario en la red social X.

La respuesta de los clubes no se hizo esperar. River Plate, uno de los principales afectados, publicó un extenso comunicado en el que calificó la medida de "confiscatoria" y advirtió sobre el impacto negativo en su estructura institucional. Según el club, la nueva normativa implicaría una pérdida neta estimada en AR$ 16.820 millones y pondría en riesgo la continuidad de sus iniciativas sociales y educativas. "El Club Atlético River Plate reafirma su histórica vocación social, educativa y deportiva, con un firme compromiso con el desarrollo comunitario, la economía nacional y la proyección internacional de la Argentina a través del deporte", señaló la institución.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también manifestó su rechazo, denunciando que la disposición contradice los acuerdos alcanzados en el Comité de reforma del sistema y acusando al Gobierno de intentar debilitar a los clubes para facilitar la llegada de capitales privados a través de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). "El Gobierno busca presionar a las entidades sin fines de lucro para que permitan el ingreso de capitales golondrina, haciendo negocios con nuestros clubes y jugadores formados en nuestras canteras", sostuvo la AFA en un comunicado.

El conflicto se enmarca en una larga disputa entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol argentino, con antecedentes de intentos de reforma del modelo de gestión de los clubes y tensiones por el régimen impositivo especial vigente desde 1978. Mientras el oficialismo defiende la medida como un paso necesario para equilibrar las cuentas públicas, los clubes y la AFA advierten sobre el riesgo de desfinanciamiento de actividades sociales y educativas que benefician a miles de personas en todo el país. El debate promete continuar, con posiciones encontradas y un futuro incierto para el modelo de gestión del fútbol argentino.