Una investigación judicial en la provincia de Jujuy reveló una estafa millonaria relacionada con la venta de camionetas y autos de alta gama, en la que estarían implicados concesionarias, registros automotores y empleados del Banco Santander de Argentina. El monto de la maniobra delictiva asciende a casi 1.000 millones de pesos y afecta a más de 30 personas, según fuentes judiciales.

La causa, a cargo de la fiscal Daiana Serrano Antar, se dividió en dos tramos debido a la participación de distintos actores. En la primera etapa, se realizaron allanamientos y secuestros de documentación, lo que derivó en imputaciones y declaraciones ante el juez. Actualmente, se analizan los elementos informáticos incautados, mientras que en la segunda etapa la investigación sigue en curso por la gran cantidad de damnificados.

Hasta el momento, están imputados un empleado y un gestor del Banco Santander, una persona vinculada a una concesionaria y otra dedicada a captar víctimas. La fiscalía intenta determinar si también participaron escribanos, aunque esto aún no fue acreditado. El abogado Fernando Bóveda, representante de 15 víctimas, explicó que las estafas comenzaron en 2023 y que, en algunos casos, las víctimas firmaron formularios bajo engaño o sus firmas fueron falsificadas para solicitar créditos prendarios.

Los vehículos, principalmente camionetas Volkswagen Amarok, eran puestos a nombre de una concesionaria en Córdoba y luego trasladados a Jujuy, donde se vendían como libres de deuda a precios inferiores al mercado. El banco y los registros automotores están bajo investigación por posibles irregularidades en la inscripción de prendas y la validación de documentos.

Algunas víctimas descubrieron la estafa al recibir multas de vehículos que no les pertenecían o al detectar deudas bancarias inesperadas. El abogado Bóveda sostiene que el banco es penalmente responsable y exige la intervención de los registros automotores. Por su parte, el empleado del banco imputado argumenta que los trámites se realizaron online y que no tuvo contacto directo con los gestores.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas y aún no se pronunció sobre la responsabilidad institucional del banco. Mientras tanto, los damnificados han iniciado demandas civiles y penales, buscando la nulidad de las prendas y la reparación de los daños sufridos. El caso pone en foco la necesidad de reforzar los controles en la operatoria de créditos prendarios y la inscripción de vehículos, así como la responsabilidad de las entidades involucradas.