Un departamento ubicado en el tercer piso de Vieytes 353, en el centro de Bahía Blanca, fue allanado en el marco de una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil. El operativo, solicitado por la fiscalía Nº20 a cargo de Rodolfo De Lucía y ordenado por el Juzgado de Garantías Nº1, se realizó tras recibir un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una ONG estadounidense dedicada a la protección de menores.

Según la denuncia, la empresa Imgbox detectó que el 7 de enero pasado un usuario de su plataforma subió dos archivos de imagen en los que se observa a una niña menor de 13 años mostrando sus partes íntimas. Ante esta alerta internacional, personal de Cibercrimen Región Interior Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante el allanamiento con el objetivo de registrar y secuestrar elementos tecnológicos que pudieran contener material ilícito.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar el gabinete de una computadora de escritorio, dos discos rígidos y un teléfono Iphone, todos los cuales serán sometidos a peritajes para determinar si contienen pruebas relevantes para la causa. "El objetivo es recolectar toda la evidencia posible para avanzar en la investigación y proteger a las víctimas", señalaron fuentes judiciales.

Este allanamiento se suma a otros realizados recientemente en Bahía Blanca por causas similares, aunque las autoridades aclararon que no guardan relación directa entre sí. La investigación continúa en curso y se espera que el análisis de los dispositivos secuestrados permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La causa pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en la detección y combate de delitos vinculados al abuso sexual infantil, así como el rol de las plataformas digitales en la denuncia de este tipo de material. El fiscal De Lucía, quien lidera varias investigaciones de este tipo en la región, destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y persecución penal para proteger a los menores.

La comunidad local ha expresado preocupación por la reiteración de casos similares en la ciudad, mientras las autoridades insisten en la importancia de denunciar y colaborar con la justicia para erradicar estos delitos.