Un conflicto judicial en Lavalle, Mendoza, ha dejado a una familia en una situación de extrema vulnerabilidad tras ser desalojada de un terreno que compraron sin saber que ya había sido adquirido por el cantante Abel Pintos y su socio. El caso, que involucra acusaciones de usurpación y estafa, ha generado un amplio debate sobre la regulación de tierras en Argentina.

La familia Angulo Ferreira, compuesta por Alberto, su esposa Yésica y sus cuatro hijos, adquirió en febrero de 2024 un lote de 1.500 metros cuadrados dentro de las 93 hectáreas que Abel Pintos y su socio, Marcelo González, habían comprado al banco HSBC. Según los Angulo, la compra se realizó de buena fe a un hombre que alegaba tener derechos posesorios sobre el terreno. Sin embargo, este no figuraba en los registros legales, lo que llevó a que la familia fuera imputada por usurpación en marzo de 2025.

El desalojo se llevó a cabo el 28 de mayo de 2025, dejando a la familia sin hogar y en una situación económica crítica. Actualmente, residen en un terreno prestado en Jocolí viejo, también en Lavalle, mientras buscan ayuda para adquirir un nuevo lote. "Nosotros no cometimos ningún delito. Compramos en buena ley el terreno. Tenemos todos los documentos y comprobantes de las transferencias", afirmó Alberto Angulo.

Por su parte, los abogados de Abel Pintos confirmaron que todo el procedimiento fue legal y que no continuarán con la querella, lo que podría llevar al sobreseimiento de la familia. "El caso para nosotros está resuelto", aseguró una fuente cercana al cantante.

El conflicto se originó en 2022, cuando Abel Pintos y su socio iniciaron la compra de las tierras al banco HSBC, formalizando la escritura en junio de 2024. Durante ese período, la familia Angulo adquirió el lote a un tercero que no tenía derechos legales sobre la propiedad. Este vacío legal ha puesto en evidencia las brechas en la regulación de tierras en Argentina, donde los derechos posesorios y registrales a menudo entran en conflicto.

El caso ha generado un amplio debate en la opinión pública, destacando la vulnerabilidad de las familias en situaciones similares y la necesidad de una mayor regulación en la compra de tierras. Mientras tanto, la familia Angulo ha iniciado una campaña solidaria para reunir fondos o materiales de construcción. "No pedimos limosna; solo una mano para levantar paredes y arrancar de nuevo", subrayó Angulo.

En tanto, el proyecto agroeducativo de Abel Pintos y su socio sigue adelante, con la intención de desarrollar un modelo productivo vinculado a frutos secos y olivos. Aunque el conflicto legal parece estar llegando a su fin, las consecuencias económicas y emocionales para la familia desalojada son profundas y duraderas.